La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió a la Procuraduría General de la República el cierre inmediato de la cárcel preventiva de San Pedro de Macorís.

El presidente de la comisión, Manuel María Mercedes, indicó que durante una visita al recinto carcelario fueron testigos de “Violaciones flagrantes de los derechos humanos” de los internos cometidas allí.

“Hemos podido comprobar abusos, en el curso de una visita realizada a la misma el pasado miércoles 6 de junio, por una comisión integrada por nuestro vicepresidente nacional por la región Este, Rafael Ureña, y por el presidente de la filial de San Pedro de Macorís, Martín Santana”, indicó.

Según Mercedes, esta cárcel, que fue construida para albergar a 30 privados de libertad “en la actualidad se encuentran más de 200 presos preventivos en condiciones infrahumanas que deberían estar de tránsito, mientras su permanencia es indefinida ya que la presencia de ellos alimenta un negocio mafioso de cobros de tarifas”.

Mercedes ofreció una lista con los costos ilegales que tienen que pagar las familias que tienen algún detenido en esa cárcel.

“Para pararse en la puerta de acceso hay que dar 100 pesos; hablar con un familiar son 200 pesos, entrar a la preventiva son 1,500 pesos; pago semanal por estadía son 600 pesos, pago semanal por la celda que tiene cama y aire condicionada son 5,000 pesos y pase de alimentos son 1,000 pesos”, explicó Mercedes, durante una rueda de prensa en el campamento del Movimiento Verde frente a la Procuraduría General de la República.

Además, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó que han comprobado que hay alrededor de 30 privados de libertad que por no poder cumplir con el pago de la garantía económica, que va desde 2 mil pesos hasta 20 mil, llevan hasta un año de reclusión.

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