San Juan. La autoridad de la junta federal de control que supervisa las finanzas de Puerto Rico podría ser puesta a prueba después de que el gobernador de la isla desafió ayer su exhortación a implementar medidas de austeridad adicionales.
Ricardo Rosselló rechazó las exigencias de la junta de que su gobierno presente un plan fiscal revisado que incluya una reforma laboral y una reducción de 10% en el sistema de pensiones, el cual está agobiado por pasivos que ascienden a 50.000 millones de dólares. Afirmó que el plan que presentará el jueves tampoco incluirá ningún despido.
“La junta no tiene los poderes de implementar asuntos de política pública. Es así de sencillo”, dijo. “De certificarse algunas de esas medidas, no le vamos a dar paso”, afirmó.
La junta no respondió de inmediato a los comentarios de Rosselló, efectuados apenas horas después de que éste envió una carta de siete páginas a ese organismo en la que delineó por qué no implementará esos y otros cambios.
