El Pacto Educativo que suscribimos entre gobierno, gremio y sociedad civil en el año 2014, tuvo la intención de comprometernos seriamente en una reforma que conllevara a la mejora de la calidad de la educación dominicana. Desde este Pacto, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) debía sumarse a los esfuerzos del Ministerio de Educación, de las instituciones sociales dominicanas, y a todos los ciudadanos para cumplir y desarrollar la agenda consensuada por la educación entre los diferentes sectores.
A casi 4 años del Pacto, si bien es cierto que hay desafíos importantes pendientes, y que seguimos vigilantes de la calidad del gasto, de manera que la inversión del 4% que se destina a educación pública, sea eficiente, la mayoría de las reivindicaciones referentes a calidad de vida del maestro han sido cumplidas. De hecho, una proporción importante de la inversión se ha destinado al aumento salarial de los docentes y los directivos intermedios del sistema, así como a mejorar los servicios del seguro médico magisterial. Ya se ha reseñado en otras ocasiones que el salario actual de un maestro supera en promedio a otras profesiones en un 35%, y que la inversión en formación profesional del maestro ha sido muy alta en los últimos años. No obstante, la ADP parece insatisfecha con estas conquistas y abre otras puertas de luchas bizantinas que llevan a incidentar constantemente el trabajo áulico y poner en riesgo la efectividad de un año escolar. Esta vez impugnan la designación de directores regionales y distritales por méritos y competencias profesionales después de un proceso bien articulado, fundamentado en la aplicación de la Ley General de Educación.
La Acción Empresarial para la Educación (EDUCA) denunció que el costo de un día sin docencia en las escuelas públicas, asciende a 500 millones de pesos. Nos corresponde reflexionar sobre el significado de este dato en un país pobre como el nuestro. No sólo se está afectando a niños y jóvenes de entornos socioeconómicos vulnerables que reciben docencia, alimentación y seguridad, sino también se están abortando los procesos de formación que se les paga a las instituciones privadas para que acompañe a los maestros.
Ojalá que los directivos de la ADP puedan anteponer sus intereses políticos y particulares al interés de la nación dominicana y, maduramente, apoyar estos cambios que apuestan a una nueva cultura educativa.
