El alcalde del municipio de Santiago, Abel Martínez, afirmó este lunes que en esa demarcación se libra una batalla campal contra los ilegales haitianos por sus constantes violaciones a las leyes, normas municipales, contra la arrabalización y la invasión permanente a los espacios públicos.
Martínez dijo que se necesita el apoyo de más autoridades para poder enfrentar esta situación que afecta el desenvolvimiento adecuado del municipio y llamó a la población a unirse para exigir ya acciones concretas y que se inicie una política estatal de deportación inmediata con resultados que sean tangibles.
“Nuestras afirmaciones pueden parecer duras, pero más bien es un grito desesperado por salvar el país de la continua invasión haitiana, que está depredando nuestros bosques, ocupando los espacios públicos, defecando, orinando, agrediendo, asaltando, sin pagar impuestos, consumiendo nuestro presupuesto de salud, pidiendo en las calles, a eso hay que ponerle remedio y pronto”, expresó el alcalde, de acuerdo con una nota de prensa.
El funcionario criticó que los organismos encargados de poner fin a esa realidad actúan con irresponsabilidad y les reclamó que enfrenten la situación, tal como lo establece la ley.
“Somos partidarios de darles la bienvenida a todos los extranjeros legales que estén en el país, pero permitir que millones de ilegales haitianos estén en nuestro territorio es entregar nuestra soberanía y eso es inaceptable”, enfatizó Martínez.
Entiende que la comunidad internacional debe ayudar al pueblo haitiano “tal como lo hemos hecho nosotros, pero ayudarlo allá en su territorio, no se puede ayudar a Haití sobre los escombros de nuestra soberanía”.
“Al ritmo que vamos pronto habrá más haitianos en nuestro territorio que dominicanos y eso es inaceptable. Es hora de que actuemos con responsabilidad, con criterio patriótico y sin miedos”, expresó.
Lamentó que diariamente son miles que entran por una frontera flexible y a su vez se suman a los millones que ya hay aquí sin ningún tipo de legalidad, debido a la indiferencia de las autoridades, a la irresponsabilidad con que se asume este delicado tema desde las instituciones estatales responsables de darle el frente.
