Las señales recibidas por la sociedad dominicana sobre el deterioro del sistema judicial son diversas y preocupantes. Tras el proceso de reformas inconclusas y el retroceso que significó la elección de la Suprema Corte de Justicia en el año 2011, la crisis se ha agravado. Las primeras señales indicaban que a pesar de los cambios, el acceso a la justicia seguía siendo muy difícil para los sectores más empobrecidos y que la desigualdad en la aplicación de justicia, se evidenciaba en la existencia de una justicia penal solo para aquellos que no tienen dinero. El problema es aún mayor, pues la Justicia dominicana nunca ha dejado de ser lenta y costosa.
Con el paso del tiempo continuaron otras señales, como la captura del sistema por parte de la política partidaria, revirtiendo de esta manera el propósito original de las reformas: instaurar una justicia independiente. Esto creó las condiciones propicias para generar un clima de impunidad frente a la corrupción pública y privada. A lo anterior se suma el hecho de que tribunales y fiscalías han sido penetrados por la corrupción; lo que pone en riesgo la seguridad pública de los dominicanos. La trama para escapar de las cárceles dominicanas, armada por un condenado a 20 años por asesinato (caso Quirinito), es una prueba más de lo mal que anda la justicia.
Otras señales están asociadas a la inseguridad jurídica para la inversión internacional en nuestro país. Por otro lado, recientemente un conjunto de jueces realizaron una movilización nacional denunciando la manera equivocada en que ha venido actuando en Consejo del Poder Judicial en la suspensión de magistrados acusados de alguna falta, sin llevar a cabo el debido proceso. Esto revela la existencia de un malestar a lo interno del Poder Judicial. Es por esto que decimos que los cambios en la justicia dominicana no pueden esperar. Una de las prioridades en materia institucional debe ser el fortalecimiento del sistema judicial y la recuperación de su credibilidad ante la ciudadanía.
El fortalecimiento del sistema supone lograr una justicia independiente tanto a lo interno, como de otros poderes del Estado y de grupos económicos. Se requiere establecer mecanismos de control y fiscalización, así como de rendición de cuentas, que impidan que el sistema se convierta en un mercado judicial donde se compran y se venden fallos al mejor postor. Es necesario a su vez, avanzar hacia una mayor eficiencia del sistema judicial y mejorar el acceso de los ciudadanos a los servicios judiciales. Esto último está estrechamente vinculado a una mayor inversión del presupuesto en este sector.
