Diversos sectores han expresado que los responsables de las decisiones legislativas deben definir con tiempo las condiciones necesarias para que las complejas elecciones del año 2020 puedan desarrollarse sin mayores traumas. Los próximos comicios tienen dos grandes novedades; por un lado, la separación de las elecciones municipales de las presidenciales y congresuales, con solo tres meses de diferencia. Por otro lado, el uso del voto preferencial para escoger a los regidores y vocales en los gobiernos de los municipios y distritos municipales.
A estos cambios, muy probablemente se sumen otras innovaciones que vendrán dadas por la nueva ley electoral y la ley de partidos políticos. Este conjunto de iniciativas tiene el propósito de que la competencia electoral se desarrolle en un marco de mayor democracia, equidad y transparencia. Sin embargo, existe el riesgo de que la aplicación simultánea de las mismas, pueda hacer mucha más difícil la organización del proceso electoral del 2020 y, por lo tanto, generar fallos administrativos que provoquen desconfianza en las elecciones. Por otro lado, está por verse qué va a pasar con la tecnología adquirida en las pasadas elecciones para la automatización del registro y del escrutinio electoral.
De conformidad con la ley 157-13, que instituye el voto preferencial en la República Dominicana, se estableció que para los próximos comicios esta modalidad de votación se aplicará para los regidores de los municipios y los vocales de los distritos municipales. El voto preferencial consiste en la presentación de listas cerradas y desbloqueadas para que el elector escoja el candidato de su preferencia. Esta iniciativa se viene aplicando en el país desde el año 2002 para la elección de diputados y diputadas. Aunque este mecanismo ha tenido críticas, no se puede ocultar que da un mayor poder a los electores para decidir sobre sus representantes en el congreso.
Sin embargo, ampliar el voto preferencial a nivel municipal añadiría mayores complicaciones a un proceso de por sí complejo, como las elecciones del 2020. En tan sentido, tiene fundamento la solicitud del presidente de la JCE, de que los legisladores consideren la posposición de su implementación. Para esto, se requerirá de una nueva legislación que establezca que esta iniciativa no se implementará en los próximos comicios, y que posteriormente, cuando existan las condiciones de tecnología electoral adecuada, se determinará su puesta en práctica. La prioridad debe de ser la de garantizar que se asista a un proceso electoral con las reformas políticas y electorales aprobadas y con las condiciones adecuadas para que el órgano electoral realice unas elecciones libres, justas y transparentes.
