Santiago. La aplicación de declaratoria de resolución que declara persona no grata a extranjeros ilegales que se dedican a la venta de productos ha encontrado el respaldo del sector comercial.Sin embargo, la medida también es criticada por la asociación de estudiantes haitianos y de trabajadores que se sienten perseguidos por los empleados municipales. En algunos casos, son montados en camiones de Migración o camionetas del cabildo, a pesar de mostrar sus documentos. En las avenidas España, Calle del Sol, Mella, Duarte y demás arterias del casco urbano, la presencia de haitianos es notable, ya que estos utilizan el entorno para vender desde huevos salcochados, hasta todo tipo de frutas y vegetales a la intemperie. Las medidas de sanidad y controles de calidad están ausentes cuando se habla de mercancía comercializada por haitianos, ya que estos colocan los productos en carretas sucias, en la orilla de aceras, encima de mesas mal acondicionadas, y en cualquier rincón de la ciudad no apto para vender frutas y comestibles.
Poner reglas
La resolución dictada por el concejo edilicio el año pasado estableció e instruyó principalmente a la Policía Municipal y al Ministerio de Medio Ambiente para que haga cumplir lo establecido en dicho mandato. Recientemente, el alcalde Abel Martínez anunció que sacaría de las calles del municipio a todos los haitianos indocumentados que realicen actividades comerciales sin ningún tipo de higiene ni control sanitario.
Entre las medidas tomadas por la Alcaldía de Santiago, está la recuperación y la higienización de los espacios públicos, la eliminación del comercio en las aceras, principalmente los que son operados por ilegales haitianos, así como la readecuación y recuperación de los lugares dedicados para la venta y comercialización de productos.
Creen necesario poner controles
El presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Santiago, José Octavio Reynoso, saludó la disposición de la alcaldía y dijo que los indocumentados le hacen competencia desleal al comercio legalmente establecido, los que pagan local, empleados y servicios, por lo que cree necesario que las autoridades municipales pongan controles.
