RD$50 mil millones ya pagados por Barrick a RD

Cuando a finales del año 2009 el Congreso Nacional recibió la primera enmienda que se hacía al contrato minero adquirido por Barrick Gold mediante la compra de Placer Dome para explotar el oro, la plata, el cobre y el cinc de Pueblo Viejo, Cotuí,&#823

Cuando a finales del año 2009 el Congreso Nacional recibió la primera enmienda que se hacía al contrato minero adquirido por Barrick Gold mediante la compra de Placer Dome para explotar el oro, la plata, el cobre y el cinc de Pueblo Viejo, Cotuí, fuimos consultados formalmente sobre la pertinencia de dicha enmienda y respondimos, de manera verbal y escrita, que esa enmienda era perjudicial a los intereses económicos del país porque de cada 100 pesos generados la empresa se quedaría con 97 y apenas nos entregaría los 3 pesos del Retorno Neto de Fundición (RNF), aunque en los primeros 9 años esos 3 pesos del RNF también se quedarían en manos de la empresa para cubrir gastos inflados del pasivo ambiental y social, motivo por el cual recomendábamos mantener el contrato original firmado con Placer Dome en el año 2001, o propiciar un nuevo contrato minero similar al que Joaquín Balaguer había impuesto a la Falconbridge en el año 1988, y en el cual se establece que el Estado dominicano ha de recibir el 50% de los beneficios netos de las operaciones mineras.

Aunque nuestro texto era muy claro y estaba muy bien sustentado en nuestros conocimientos y en nuestras experiencias sobre la minería de la República Dominicana, finalmente se impuso la decisión presidencial de modificar el contrato original para poner en vigencia un nuevo contrato perjudicial a los intereses del país, y desde ese mismo día iniciamos una larga cruzada en contra de esa perjudicial enmienda, cruzada en la cual la prensa nacional y la sociedad dominicana se colocaron del lado de los mejores intereses del país hasta que el 27 de febrero de 2013 el nuevo presidente de la República Danilo Medina dijo ante la Asamblea Nacional que ese contrato era inaceptable porque de cada 100 pesos la empresa se quedaría con 97 y nos entregaría 3 pesos.

Los mismos legisladores que anteriormente habían desoído nuestras recomendaciones verbales y escritas, ese día se pusieron de pie para aplaudir las enérgicas palabras del presidente Medina rechazando ese odioso contrato, y desde ese momento se inició un proceso de presión gubernamental para la revisión y modificación del contrato minero porque de manera pública la empresa minera se negaba a renegociar su ventajoso contrato, por lo que el gobierno debió terminar aceptando nuestras recomendaciones hechas de manera presencial ante la comisión de finanzas del Senado de la República en el sentido de suspender las exportaciones de oro y plata de la empresa hasta que se renegociara un nuevo contrato minero conveniente a los intereses del país, y tan pronto se suspendieron las exportaciones de oro y plata la empresa se vio en la obligación de sentarse a renegociar un nuevo contrato que hoy garantiza al gobierno al menos el 50% de los beneficios netos.

Cuando la nueva renegociación fue anunciada al país, algunos profesionales y comunicadores se expresaron públicamente en contra de dicha modificación por entender que en la realidad el país no recibiría absolutamente nada de los beneficios de las operaciones auríferas de Pueblo Viejo, sin embargo, desde ese mismo momento explicamos a la prensa y al país que el solo hecho de eliminar el condicionamiento de alcanzar una tasa interna de retorno (TIR) de 10% para acceder al cumplimiento del pago del 28.75% de participación en las utilidades netas (PUN) nos garantizaba recibir amplios beneficios que en el modelo contractual anterior nunca recibiríamos, y como demostración de que teníamos toda la razón en la pasada semana la Dirección General de Impuestos Internos le comunicó formalmente a los legisladores dominicanos que ya el país ha recibido 50 mil millones de pesos de beneficios por las operaciones de Barrick Gold durante los años 2014, 2015 y 2016, equivalentes al 50% de los beneficios netos de las operaciones, aunque algunas personas de manera errónea calculan el 50% de beneficios estatales a partir del 50% del valor de las reservas in situ de oro y a partir de un precio de 1,800 dólares por onza Troy de oro, y no a partir de los beneficios netos después de deducir costos operacionales, administrativos y financieros, y a partir de un precio de 1,225 dólares por onza de oro.

Los beneficios del oro ya están ahí, a la vista de los incrédulos, y ahora sólo falta que el gobierno invierta el 10% de esos ingresos en las comunidades vecinas a la explotación minera, especialmente en escuelas, hospitales, acueductos, viviendas para la gente pobre, financiamiento a micro empresas y protección del medio ambiente. l

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