Los abogados representantes de Bepensa Dominicana (Coca-Cola), Luis Rivas y Laura Acosta, resaltaron que la empresa fue víctima de un acto abusivo, arbitrario e ilegal, tras los incidentes suscitados este miércoles durante un intento de desalojo a la empresa.
El impasse se produjo debido a una antigua litis por una parte de los terrenos donde está ubicada la compañía de refrescos, en la que William Amador reclama es propietario de unos 15 mil metros.
Rivas explicó que realmente la compañía es la propietaria absoluta del inmueble, el cual sufrió un intento de desalojo por parte de José Hoperman, abogado representante de Amador, detonó en un enfrentamiento entre empleados y policías, donde fueron lanzadas botellas a las calles y bombas lacrimógenas.
De su lado, Hoperman dijo que él y sus acompañante fueron recibidos con bombas lacrimógenas y lanzamiento de botellas.
Agregó que “William Amador tiene innumerable cantidad de sentencias de la Suprema Corte de Justicia, tiene su certificado de título, y sin embargo, por la actitud de Bepensa Dominicana antigua Refrescos Nacionales, es imposible tomar el control de 15 mil metros que le corresponden, según las decisiones judiciales y el registro de título de la República Dominicana”.
En tanto, el abogado de Bepensa Dominicana indicó que se trató de una turba armada, sin contar fuerza pública, la cual se presentó a tumbar una pared, a tomar posesión, y a interrumpir una operación industrial, “dicho sea de paso hasta empleados hirieron en medio de esto”.
Mientras, que la otra abogada defensora de la empresa, Laura Acosta, explicó que recientemente recibieron “una sentencia favorable en la que revocaba una decisión que ellos (reclamantes) habían obtenido, y por la cual habían obtenido el supuesto título que ellos están planteando aquí”.
Agregó que al Amador y sus abogados “no haber logrado lo que querían por la vía judicial, lo trataron de hacer Manu militari (con mano militar). Estas no son actuaciones legales, no se pueden romper puertas de inmuebles sin auxilio de una orden judicial de un juez de paz. Aquí no hubo presente un juez de paz para dar esa orden, por lo tanto, esas actuaciones son totalmente actos delictivos que tienen que tener consecuencias evidentemente”.
Acosta dijo que la otra parte obtuvo un título de forma irregular “diciendo que se les había perdido después de haber sido anulado por un tribunal”.
