GUATEMALA— La policía detuvo el viernes a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, a quien las autoridades acusan de estar vinculada a una red de defraudación fiscal, mientras que la fiscalía informó que solicitó el retiro de la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina para que pueda ser investigado por presunta participación en el mismo caso.
La fiscal general Thelma Aldana dijo el viernes que hay evidencia para «creer la participación de Baldetti en la estructura» de la red denominada «La Línea», integrada por particulares y funcionarios estatales para evadir impuestos.
Aldana también informó en conferencia de prensa que la documentación incautada en allanamientos «lleva a considerar como altamente probable que el señor presidente de la república haya participado en la misma», dijo.
Pérez Molina dijo que no conocía del antejuicio solicitado pero que «vamos a conocerlo y ver de qué se trata… Estamos dando la cara, vamos a seguir dando la cara, vamos a conocer cuáles son las situaciones y, en su momento, pues tendremos que pronunciarnos», comentó en una actividad pública en el departamento de Zacapa a 150 kilómetros al este de la capital guatemalteca.
Sobre la detención de Baldetti, el mandatario afirmó que «habrá que responder ante los tribunales».
Iván Velásquez, titular de la comisión internacional contra la impunidad en Guatemala, que acompaña a la fiscalía en sus investigaciones, dijo que «esta ha sido una investigación muy compleja que todavía requiere mucho análisis, y seguimos obteniendo evidencias».
Los delitos de que se acusan a Baldetti son asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo.
El viernes, la exvicepresidenta permaneció en un hospital privado por padecer de afecciones estomacales. Por la tarde, el juez Miguel Ángel Gálvez, quien ordenó la aprehensión, visitó a Baldetti en el hospital y le hizo saber los cargos en su contra. El juez ordenó un examen médico forense para establecer su estado de salud.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses dijo que Baldetti se encontraba bien de salud y podía enfrentar la justicia.
A petición de los abogados de Baldetti, el juez ordenó que fuera trasladada a un centro de detención militar.
Al final de la tarde, Baldetti fue trasladada en una patrulla policial y custodiada por dos mujeres policía a las instalaciones del cuartel militar de Matamoros, a donde el juez ordenó su traslado para su prisión preventiva. Gálvez la citó para el próximo lunes para que rinda su primera declaración.
Baldetti renunció el 8 de mayo, luego que la fiscalía y la Comisión desarticularon una red de particulares y funcionarios del estado que recibían sobornos de empresarios para evadir impuestos.
Según Velásquez, se han obtenido evidencias de que en una semana Pérez Molina y Baldetti habrían recibido al menos dos millones de quetzales en sobornos, unos 262.000 dólares.
En uno de los allanamientos hechos por las autoridades se encontró una cotización a nombre del presidente Pérez Molina que buscaba blindar su vehículo Jaguar XF por 23.000 dólares.
Según las autoridades, «La Línea» era una estructura también liderada supuestamente por Juan Carlos Monzón Rojas, el prófugo exsecretario privado de Baldetti.
La comisión investigadora, un ente de Naciones Unidas para desarticular cuerpos clandestinos y aparatos de seguridad incrustados en el Estado, ha presentado hasta el momento 88.000 escuchas telefónicas en las que varios miembros de la red mencionan a una mujer como «la 2», «la señora», y que según las autoridades se trata de Baldetti.
La exvicepresidenta ha negado tener relación con estos hechos.
Hasta el momento las autoridades no han establecido la cantidad exacta del fraude, pero estiman que son varios millones de dólares. Las autoridades han dicho que en el caso hay 100 personas investigadas incluidas al menos la mitad en prisión.
Por la tarde cientos de personas salieron frente al Palacio Nacional a celebrar la captura y exigieron la renuncia de Pérez Molina.
Frente al centro médico decenas de manifestantes esperaron horas para ver salir de la clínica a Baldetti, portando carteles y quemaban cohetillos celebrando la detención de la exvicepresidenta, mientras conductores hacían sonar las bocinas de sus vehículos.
En tanto, el sector empresarial organizado del país pidió la renuncia del presidente, aduciendo que era un gobierno y un presidente «impresentable», tras las denuncias en su contra.
