Desde hace años se vienen dando señales del peligro que representa que la democracia electoral dominicana dependa tanto del dinero. Una alta proporción de la población está impedida de hacer efectivo el ejercicio de su derecho político a ser elegida. Este es un privilegio solo de aquellos que están en capacidad de gastar sumas millonarias en una campaña electoral. Cada vez más, la competencia basada en el compromiso social y el discurso programático, va cediendo lugar a aspectos relacionados con el tamaño de la cuenta bancaria del candidato y la posibilidad que tiene este de conseguir recursos sin importar la fuente.
En el diseño del sistema político se le ha prestado poca atención a este tema y se ha permitido que las campañas electorales sean cada vez más costosas. Tres situaciones explican el alto costo del proselitismo político. Por un lado, la prolongada duración de las campañas, la cual debería comenzar después que la JCE hace la proclama electoral. Por otro lado, el intensivo uso de los medios de comunicación, sobre todo de radio y televisión en propiedad de grupos privados que muchas veces establecen tarifas que están por encima de la publicidad comercial. Por último, la generalizada práctica de clientelismo político realizada con el propósito de comprar voluntades.
A la excesiva necesidad de dinero para hacer política se le suma la limitada regulación del financiamiento de los partidos y la ausencia de mecanismos de control y fiscalización de este financiamiento. Todo esto configura un sistema político de muy alto riesgo, debido a que desde el poder se apela a prácticas corruptas para cubrir los costos de la política. Otro riesgo es la posibilidad de que grupos corporativos aporten recursos a la campaña con el propósito de ser favorecidos posteriormente. Además de los anteriores, hay que añadir el peligro de que candidatos y partidos reciban recursos procedentes del crimen organizado con la intención de comprar impunidad.
En las últimas semanas han ocurrido hechos que ponen de relieve este tema y obligan a los actores políticos a realizar reformas que reduzcan los riesgos señalados. En primer lugar se debe apuntar a la reducción de los costos de la campaña, definiendo claramente el periodo en que los candidatos pueden realizar actividades de proselitismo electoral. Al mismo tiempo, se debe determinar la regulación efectiva del acceso a los medios de comunicación y el establecimiento de topes de gastos por parte de los partidos políticos. Es necesario, además, fortalecer los mecanismos de fiscalización del financiamiento político y obligar a los partidos a rendir cuentas sobre sus fuentes.
