IGUALA, México (AP) — Entre los restos calcinados en seis fosas clandestinas halladas en una localidad del sur de México hay cuando menos 29 cuerpos, luego de que días antes desaparecieran 43 estudiantes de magisterio.
Una fuente cercana a la investigación, la cual habló con The Associated Press a condición de guardar el anonimato por no estar autorizada a hacer declaraciones, dijo el domingo haber contado 29 cadáveres que estaban «completamente carbonizados», algunos incluso «sin ningún tipo de tejidos».
Las fosas, localizadas el sábado en las faldas de un cerro en las afueras de una colonia marginal de Iguala, a 200 kilómetros al sur de la Ciudad de México, eran unos enterramientos «profundos y recientes», aseguró la misma fuente.
El lugar, llamado Pueblo Viejo, es un territorio muy abrupto, de difícil acceso, que desde primera hora de la tarde del sábado quedó fuertemente custodiado por más de un centenar de policías federales, estatales y miembros del Ejército y de la Marina.
Vidulfo Rosales, representante legal de las familias de los estudiantes desaparecidos, ya había señalado que los restos humanos encontrados en Iguala estaban quemados, aunque no determinó a cuántas personas pertenecían.
El ejecutivo estatal no ha aclarado cuántos cuerpos hallaron ni el número de fosas, pero Juan López Villanueva, visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que acudió al lugar el sábado, dijo que eran seis enterramientos.
Sobre la condición en la que estaban los restos, el gobernador estatal Ángel Aguirre señaló el sábado que las víctimas habían sido «salvajemente masacradas», pero evitó especular quiénes serían.
Las autoridades no han aclarado si los restos corresponden a los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre a manos de policías locales vinculados al crimen organizado, pero el domingo 37 familiares ya se habían hecho las pruebas de ADN pertinentes para confirmar o negar su parentesco con los cuerpos localizados el sábado, añadió Rosales.
La extracción de sangre para las muestras genéticas comenzó a realizarse desde el 28 de septiembre, antes del hallazgo de las fosas, y se aprovechó para ello el momento en que los familiares iban a denunciar las desapariciones ante la fiscalía del estado de Guerrero, indicó el abogado.
Rosales explicó que los restos encontrados en las fosas permanecían el domingo por la mañana en el servicio forense de Iguala, pero que se habían enviado muestras a Chilpancingo —la capital estatal— para corroborar los datos genéticos.
Iñaky Blanco, procurador del estado, dijo el sábado que «sería irresponsable» afirmar que se trata de los estudiantes. No obstante, reveló que nuevos detenidos por los sucesos de Iguala fueron los que les indicaron la ubicación de las fosas.
En total hay 30 detenidos, 22 de ellos policías locales, varios de los cuales «son parte de la delincuencia organizada» y en concreto del grupo denominado Guerreros Unidos, señaló Blanco, quien añadió que se está intentando localizar al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a través de todas las procuradurías del país y con apoyo de la Interpol.
La Procuraduría General de la República asumió el sábado la investigación tanto de la desaparición de los 43 estudiantes como de los trabajos de identificación de los cadáveres de las tumbas clandestinas, en los que también colaboran expertos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Esta entidad tiene abierta su propia investigación por «violaciones graves de derechos humanos» como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas. En un comunicado, recordó que desde 2013 había alertado que la seguridad en Guerrero pasaba por un momento «delicado», no sólo por el número de delitos sino «por la ausencia de estrategias adecuadas para el combate de la inseguridad».
La violencia es una constante en Guerrero, ubicado en una región muy pobre, de gran activismo social y que varios cárteles de la droga se disputan.
Mientras continúan las averiguaciones, aproximadamente 2.000 estudiantes y familiares iniciaron al mediodía una jornada de protesta para reclamar al gobernador que les entregue a sus hijos vivos, aunque durante la tarde ya eran menos.
Junto a una pancarta en la que se leía «Vivos se los llevaron, vivos los queremos», los manifestantes bloquearon intermitentemente y de forma pacífica la carretera que une la Ciudad de México con el puerto de Acapulco a la altura de Chilpancingo. Estaban en el mismo punto donde en diciembre de 2011 dos estudiantes de la misma Normal de Ayotzinapa murieron en un violento enfrentamiento con la policía.
Durante la protesta informaban a los automovilistas de sus reclamos de justicia y solicitaban apoyo económico voluntario para ayudar a las familias.
«No son ellos a los que encontraron; desconocemos dónde los tengan, pero no son ellos. No confiamos en el gobernador Aguirre, sólo dice mentiras», declaró a la AP el padre de uno de los desaparecidos, que no quiso dar su nombre por motivos de seguridad.
«Tenemos miedo, por eso no queremos dar nombres ni nuestros ni de los muchachos», indicó.
No obstante, aseguró que a él ya le habían tomado las muestras de ADN hace días.
Jesús López, comerciante ambulante de Acapulco y padre de otro desaparecido, se alistaba el domingo por la mañana para participar en alguna acción de protesta en ese puerto turístico, también con la esperanza de que los restos no sean de los estudiantes.
«Nos dijeron que estaban calcinados, así que no pueden ser los muchachos», dijo. «Pero estamos muy nerviosos».
Giovani, de 19 años, es su hijo más pequeño. Acababa de entrar en la escuela normalista cuando sucedieron los hechos violentos del 26 de septiembre. Esa fatídica noche murieron seis personas, entre ellos tres estudiantes y un menor, y desaparecieron casi medio centenar de estudiantes a manos de policías locales en coalición con el crimen organizado.
«Mis otros dos hijos están participando en la organización de actos con otros padres de desaparecidos y compañeros de la Normal (la escuela de magisterio)», afirmó López con cierta calma, aunque reconoció que algunos de sus compañeros andan muy nerviosos.
«Hay padres que han sufrido crisis porque todo esto es muy difícil», agregó.
El gobernador Aguirre pidió a los guerrerenses mantener la calma para evitar acciones de violencia y garantizó que los culpables de los asesinatos serían castigados.
Sin embargo, el sábado por la noche jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa llegaron hasta la residencia del gobernador en Chilpancingo, donde lanzaron algunas bombas molotov y voltearon un vehículo después que las autoridades estatales les dijeran que no podían autorizarlos a ir al lugar de las fosas y tratar de ver los cuerpos para intentar determinar si son los de algunos de sus compañeros desaparecidos.
La Normal de Ayotzinapa, situada junto a la capital de Guerrero, es una especie de internado autosustentable que cuenta con granja y huerta, donde estudian la carrera normalista alumnos de comunidades rurales generalmente muy pobres y que forman uno de los movimientos estudiantiles organizados de mayor fuerza reivindicativa de la izquierda mexicana.
El 26 de septiembre, un grupo de estudiantes de la Normal tomó varios autobuses en Iguala para usarlos en sus protestas, pero fueron atacados en varias ocasiones por policías locales y desconocidos armados.
La Procuraduría del estado confirmó entonces que en los incidentes seis personas murieron —entre ellos tres estudiantes y un futbolista de 15 años del equipo «Avispones de Chilpancingo»— y 57 alumnos desaparecieron. Se indicó además que 17 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad.
Días después, las autoridades redujeron el número de desaparecidos a 43 e indicaron que los 14 restantes habían sido localizados, aunque la organización Tlachinollan —encargada del apoyo legal a las familias de los estudiantes— señaló que el ajuste se debió a la corrección de errores en la lista inicial.
El fiscal de Guerrero aseguró que había videos que demostraban que, tras el primer ataque de la policía local contra los estudiantes, varios agentes habían detenido a un número indeterminado de ellos, por lo que hay elementos para acusar a los policías de desaparición forzada.
El suceso provocó que las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaran los hechos y exigieran al gobierno mexicano acciones rápidas y contundentes para localizar con vida a los estudiantes e investigar los crímenes.
Esta es la segunda vez en pocos días que la ONU condena abusos ocurridos en México a manos de fuerzas de seguridad oficiales. El otro caso fue la presunta ejecución extrajudicial de 22 supuestos criminales por militares en la localidad de Tlatlaya, no muy lejos de Iguala.
