El Bloque de la Unidad y Desarrollo de Cotuí presentó ayer una querella en contra de la empresa Falconbridge Dominicana (Falcondo) por alegados daños causados al río Yuna y la presa de Hatillo.Juan Frías, abogado de la entidad, dijo que según el informe “Impacto del drenaje ácido de explotaciones mineras en la cuenca del río Margajita y en el embalse de Hatillo”, se determinó la presencia de diversos metales en las referidas aguas, de lo cual responsabilizan a Falcondo.
“El susto que tiene la provincia es que un informe anterior arrojó que los pescados de la presa están absorbiendo el cadmio (metal tóxico) por el drenaje ácido”, dijo el profesional del Derecho.
Puntualizó que el cromo aparece de manera significativa en la presa de Hatillo, lo cual es atribuido a la extracción de níquel por parte de la empresa minera.
Indicó, además, que aunque el cromo no está asociado a la explotación del oro, sí lo está a la extracción del níquel, que es perjudicial para la salud.
Solicitó al Ministerio Público hacer un descenso inmediato en el lugar para que compruebe los hechos relativos a la denuncia, y que se ponga la acción pública en movimiento contra Falcondo.
La Fundación Dominicana para la Protección del Medio Ambiente, Vida y Salud también es parte de la acción judicial.
El documento a que hace referencia, y que está colgado en su website como boletín Geológico y Minero, dice que “los resultados muestran que los sedimentos en el fondo del embalse de Hatillo tienen concentraciones muy elevadas de metales y metaloides, principalmente hierro, aluminio y sulfato, además de concentraciones especialmente significativas desde el punto ambiental de arsénico, zinc y telurio”. Precisa también que otros elementos en concentraciones muy altas que fueron encontrados son el cromo, el cobre y el manganeso.
Confían en explotación de Loma Miranda
El presidente de la Falconbridge Dominicana (Falcondo) aseguró que está confiado en que el Estado dominicano otorgará el permiso para la explotación minera en Loma Miranda, una vez concluyan los estudios complementarios que la empresa solicitó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Un tribunal ordenó al Estado no gestionar la explotación de la zona.
