Amnistía Internacional (AI) reclamó a la República Dominicana que “revierta” la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que establece los requisitos para obtener la nacionalidad dominicana.
Sobre ese tema, en un comunicado emitido por Chiara Liguori, el organismo internacional declaró que “es un atropello que los dominicanos de origen haitiano estén viendo negados sus derechos humanos, incluido el derecho a trabajar, a la salud y a la educación”.
El 23 de septiembre pasado, el Tribunal Constitucional dominicano emitió una sentencia que define a quiénes les corresponde la nacionalidad dominicana atendiendo al estatus migratorio de sus padres. En sentido concreto, dicha sentencia, precisa que a los hijos de extranjeros indocumentados nacidos en territorio dominicano no les corresponde la nacionalidad dominicana.
“La implementación de la sentencia del Tribunal Constitucional sería una brutal violación de los derechos humanos que no puede seguir adelante”, sostuvo Liguori.
Para la investigadora de Amnistía Internacional, “a pesar de que las condiciones para otorgar la nacionalidad dependen de cada Estado, la legislación internacional dictamina que nadie puede ser desprovisto arbitrariamente de nacionalidad”.
La organización humanitaria subrayó que la situación legal de los dominicanos de origen haitiano será uno de los puntos centrales del debate en el Comité de Derechos Humanos de la ONU el próximo 5 de febrero.
Plan de regulación
El 29 de noviembre del pasado año, el presidente Danilo Medina emitió el decreto 327-13 que instituye el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular en República Dominicana, con la finalidad de ayudarlos a adquirir un estatus de legalidad documental.
La disposición establece que el extranjero que desea acogerse al acuerdo deberá hacer una solicitud dentro de un plazo de 18 meses a partir de la puesta en vigencia del mismo. También señala que extranjeros indocumentados que en el tiempo de duración previsto en el Plan no califiquen o no se acojan a las previsiones de regularización quedarán sujetos a la deportación, de conformidad con la Constitución y las leyes.
