El Tribunal Constitucional ordenó suspender la ejecución de una sentencia que ordena la devolución de una propiedad en La Vega.
La decisión suspendida favorecía a la señora Linda George.
En la sentencia 08/14, el Tribunal Constitucional explica que a la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados y el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos se le ordenó, mediante sentencia de amparo, entregar a George una propiedad o mejora que había sido retenida por dichas instituciones por considerarla proveniente o vinculada a una operación internacional de tráfico de drogas y lavado de activos.
En ese sentido, la oficina de custodia de bienes sometió la acción en suspensión que fue acogida por la alta corte.
La decisión de los jueces se fundamenta en que el inmueble fue secuestrado por un proceso investigativo.
