El juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, Darío Gómez Herrera, exigió este domingo que se cumpla con la ley y que no se contribuya con el deterioro progresivo del poder judicial.
“Por años, desde que me involucré en las labores judiciales, y de eso ya hace quince años, hemos reclamado un presupuesto justo para el tercer poder del Estado, el encargado de mantener y restaurar la paz social, y, hasta se asignó un porcentaje de un 2.66 por ciento del monto total del presupuesto general de la nación, pero nunca se ha cumplido con ese monto; todo lo contrario, cada año se reduce de forma paulatina, en lo que ha sido coherente el gobierno de la nación”, explica el magistrado.
Indica también que “esa baja, paulatina y constante del presupuesto, es evidente que ha afectado las labores de la institución judicial, sobre todo su obligación de mantener los estándares de calidad de las labores judiciales y la de proveer bienestar a sus empleados, funcionarios y jueces, mediante el pago de un salario digno; sí, de un salario digno, en especial para los jueces del Poder Judicial”.
“La labor judicial es una labor complicada, extenuante, estresante y de alto riesgo, para aquellos que la ejecutan día a día, si bien tienen la obligación de decidir por la vida y los bienes de los demás, sin embargo, en la actualidad se le niega a los jueces del poder judicial la posibilidad de asegurar su vida y sus bienes, por la simple razón de no asignar un presupuesto justo, que ironía de la vida”, dice el magistrado.
Agregó que el ejercicio del derecho es una actividad profesional con todas las posibilidades de generar riquezas y que el ministerio de la judicatura está sujeto al pago de un salario, por consiguiente a no generar ningún tipo de riqueza personal.
“Es necesario establecer que la exclusividad exigida por el Estado para el ejercicio del ministerio de Juez es imprescindible, en razón de que se necesita que el mismo este centrado en la labor de decidir sobre la vida y los bienes de los particulares, en ese sentido, esa exclusividad tiene un costo, la del pago de un salario justo y digno; si bien se puede alegar que asumir el ejercicio del ministerio de juez es un acto voluntario y por consiguiente de asumir las prohibiciones, una vez asumida, el Estado por igual está obligado a cumplir con el establecimiento de un régimen de bienestar para ese juez”, precisa.
