La experiencia nos enseña que la recuperación nacional no debe sustentarse en políticas inflacionarias, porque éstas constituyen, de hecho, actos de expropiación contra las clases de rentas fijas y bajos ingresos. De ahí que en períodos de crecimiento de las tasas de inflación, los aumentos de salarios apenas terminan siendo fórmulas de compensación para impedir descensos bruscos y reales en los niveles de vida de las capas de población afectadas por la pérdida de valor adquisitivo de la moneda.
Cuando los incrementos en el costo de la vida alcanzan registros intolerables, las compensaciones salariales se hacen inevitables. La economía ingresa así en una etapa crítica, en la que la demanda estimulada por el aumento de los salarios genera mayor inflación. El círculo se vicia y se hace necesario un nuevo reajuste, con el consiguiente impacto en los precios.
Este desenlace, por lo general, es inadvertido en la planificación de las políticas económicas que lo genera. Pero la experiencia en infinidad de países en desarrollo demuestra que ese es el destino final de la inclinación a buscar cierto grado de reactivación económica en medidas de corte inflacionario.
Algunos planificadores entienden que determinado grado de inflación resulta saludable a la economía, siempre y cuando logre estimularla. Sin embargo, esos expertos han sido incapaces de garantizar antídotos contra el malestar económico y social originado por tales directrices. El resultado final es y ha sido siempre, más pobreza y sufrimiento humano, mayores calamidades sociales y, por consiguiente, un empeoramiento de la crisis económica y política, como la que sufrimos hoy en día. A los dominicanos les está resultando cada vez más difícil llenar sus necesidades básicas. Esa realidad, en la que subsiste la mayoría, cuestiona nuestro sistema político y ensombrece el futuro.
