El vicepresidente Regional para República Dominicana de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, reveló en un informe la situación actual de la libertad de prensa en el país.
Miguel Franjul explicó que luego de una lucha en el plano legal, los medios de comunicación independientes y varias organizaciones de la sociedad civil lograron persuadir a la Cámara de Diputados a que desista de aprobar una legislación que introducía penas de hasta tres años de prisión para castigar los delitos de palabra que se cometieran en contra de la honra y la reputación del Presidente, ministros, los jueces, los legisladores y otros funcionarios del Estado.
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que estudia el proyecto del nuevo Código Penal, anunció a principios de marzo que desistía de incluir la cláusula que autorizaría el encarcelamiento de periodistas y otros ciudadanos imputados del delito de difamación e injuria. Sin embargo, la Comisión indicó que mantendría otras penalidades que incluyen multas equivalentes de uno a tres salarios mínimos, por injuria, y de cuatro a diez salarios mínimos por difamación.
Mientras, la SIP había advertido que las cláusulas, ahora anuladas, representaban un retroceso para la libertad de expresión, señaló Franjul a través de un comunicado.
A finales de febrero, una comisión formada por los directores del Listín Diario, El Caribe y El Día, y de la Fundación Prensa y Derecho, interpusieron un recurso ante el Tribunal Constitucional para declarar contrarios a la Constitución y a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, seis artículos del Código Penal y once de la Ley 6.132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, votada en 1962.
El objetivo era que se deroguen disposiciones que contienen sanciones penales de privación de libertad y multas sobre los “delitos de prensa”.
En el recurso se argumentó que la doctrina y la jurisprudencia internacionales demuestran que un sistema de responsabilidad basado en la réplica o la rectificación, en multas y en la reparación civil, son suficientes para proteger el honor de quienes invoquen daños morales.
