De los 20 mil 7 internos que hay actualmente en las cárceles del país, el 76.5% no ha tenido revisión de sus medidas de coerción, lo que revela una franca violación a las normas procesales vigentes.De esa población carcelaria, al menos 500 personas tienen más de cinco años de prisión sin que se les haya resuelto su situación procesal de manera definitiva.
Esta debilidad denota las deficiencias del sistema de justicia frente a la celeridad de los procesos para determinar las sentencias definitivas de los ciudadanos privados de libertad.
De igual forma, violenta lo establecido en el artículo 239 del Código Procesal Penal, que establece la revisión obligatoria de la prisión preventiva por parte del órgano jurisdiccional competente.
Solo el 23.5% de los presos ha sido favorecido con el derecho a que se le conozcan sentencias definitivas. El 80.2% de los presos que utilizan los servicios de defensoría pública aseguran, igualmente, que no han tenido revisión de coerción de prisión preventiva.
Estos datos se desprenden de los resultados finales del Segundo Censo Nacional Penitenciario, realizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP).
El estudio establece que dentro de los internos que guardan prisión con sentencia definitiva, los que tienen un mayor porcentaje son los que tienen de uno a cinco años, con un 48.1%.
Para el primer censo sobre la situación carcelaria del país, realizado en el 2006, la población de internos era de 12 mil 708, que comparado con los 20 mil 7 reos detectados en el levantamiento desarrollado en el 2011, muestra un aumento de un 36%.
A propósito de esto último, un elemento inquietante en el estudio presentado ayer por las entidades responsables, es que las cárceles tradicionales tienen 8 mil 502 presos por encima de la capacidad instalada, lo que representa un 74% de sobrepoblación. Esto igual habla de las deplorables condiciones de hacinamiento en las que se desarrolla la vida de los privados de libertad.
Una situación contraria ocurre en los centros del nuevo modelo de gestión penitenciario, que teniendo una capacidad máxima para 4 mil 942 personas, al momento de la realización del censo solo habían 3 mil 452 internos.
“Por eso nosotros vivimos peleando y propugnando, porque llevemos a más personas a los centros del nuevo modelo. Estamos hablando de una situación grave”, observó Laura Hernández, directora de la ONDP.
Según este censo, dicha oficina asume la defensa del 47.4% del universo de casos que ingresan al sistema penitenciario nacional. Esto significa que del total de presos en las cárceles del país los defensores públicos asisten a 9 mil 483 internos.
Esta cifra es 10.2% superior a los procesos asumidos en el año 2006, cuando los abogados defendieron a 4 mil 733 reos sin capacidad económica para pagar una defensa privada.
Se determinó, asimismo, que 2,910 presos dijeron no tener ningún tipo de defensa, lo que de algún modo se suma a la cantidad de defendidos por la ONDP.
De los internos censados, el 37.6% es asistido por abogados privados. Sin embargo, los resultados de esta investigación señalan que el 29.4% de los presos tienen contacto con esos defensores solamente cuando se ven en los tribunales.
Fianzas
Otro tema que se abordó en este censo penitenciario fue la situación de las fianzas que pagan los presos para quedar en libertad. En esta variable se halló que al 85% de los internos no les fue fijada garantía económica, mientras que al 14.9% le impusieron esta medida de coerción. En este punto, es preciso señalar que del total general de presos, los pertenecientes al modelo carcelario tradicional comprenden la cantidad de 16,298, para un 81.5%.
Hernández explicó que desde la oficina que dirige piden frecuentemente a los jueces de ejecución de la pena que sean menos estrictos al establecer multas a los internos, debido a que muchas veces han cumplido sus penas y se ven en la situación de no tener dinero para pagar el monto exigido por el tribunal.
Recordó casos de personas condenadas a 20 años de prisión y, por no tener el dinero para pagar las multas, estuvieron tras las rejas hasta dos años más por encima de la pena ya cumplida.
“Nosotros tenemos, incluso, internos que han perdido la vida en ese tiempo extra en la prisión, y esto es gravísimo”, expuso Hernández.
Dijo que los jueces de ejecución de la pena deben hacer conciencia de que una persona no puede permanecer recluida más allá de la condena cumplida.
Deportados
Este estudio comprueba que, contrario a lo que aseguran las autoridades, la participación de los deportados en acciones delictivas no es realmente tan significativa.
El referido censo estableció que ese grupo de internos solo representa un 6%, o lo que es igual a 1,194, de los cuales 529 son de la Defensa Pública (5.6%) y 474 de abogados privados (6.3%) del total de los reclusos del país. “A veces, vemos en los medios el miedo de que los deportados van a venir a delinquir a nuestro país. Creo que también es un mito que debemos desmontar. Todos los deportados son personas que ya han pagado a la sociedad norteamericana el delito que cometieron”, observó Hernández.
El 33% de los reos nunca ha solicitado nada al juez
Un dato que llama la atención de este estudio, es que el 33.3% de los 20 mil 7 internos no ha realizado, nunca, ninguna solicitud ante el Juez de Ejecución de la Pena.
“Y respecto a aquellos que sí la han hecho, la que tiene mayor frecuencia es la libertad condicional, con un 31.8% y las solicitudes de traslado con un 9.2%, seguido por la variación de condena por enfermedad con un 2.3%”, describe el estudio.
El 0.8% solicitó excarcelación por enfermedad. Se encontró además que solo el 13.7% de los internos dijo haber recibido alguna sanción disciplinaria, cifra que aumentó un 3.2% respecto al 2006, cuando fue castigado el 10.5%.
