Los demandantes resaltan que los afectados han sufrido daños porque están en un limbo jurídico.La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) conocerá, el próximo viernes 2, una demanda en contra del Estado dominicano, interpuesta por instituciones defensoras de los derechos de las personas de ascendencia haitiana, por las supuestas acciones para despojar la nacionalidad a dominicanos hijos de padres haitianos.
La CIDH, mediante una comunicación fechada el 1 de este mes, la cual fue enviada al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Morales Troncoso, se puso en conocimiento a las autoridades dominicanas de la audiencia temática para tratar el conflicto.
La demanda fue presentada por el director del Centro Bonó, sacerdote Mario Cerrano, que también representa el Servicio Jesuita para Migrantes; Solidaridad Fronteriza, padre Regino Martínez, Siriana Dolis, directora ejecutiva del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (Mudha); Marselba Goncalvaes Margerin, director del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos, y Juan Enrique Telemín, coordinador de la Asociación para la Cooperación y Desarrollo. “La Comisión ha decidido convocar una audiencia durante su 146 período ordinario de sesiones para tratar el tema del derecho a la nacionalidad de dominicanos de ascendencia haitiana en República Dominicana”, establece la comunicación que también fue enviada al embajador permanente del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roberto Saladín. La audiencia tendrá lugar de 11:30 de la mañana a 12:30 de la tarde.
Argumentos
Los demandantes señalan que las nuevas políticas de registro civil que se implementan en el país violan los derechos de los hijos de haitianos y coartan su calidad de vida.
Denuncian represión por parte de la JCE
En un documento remitido el 27 de agosto al secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, los demandantes señalan que en el país se están implementando “nuevas tácticas” para desnaturalizar a los dominicanos de ascendencia haitiana y que hay hostigamiento por parte de la Junta Central Electoral (JCE) contra las personas que recurren a la Justicia.
