Un grupo de diputados de diferentes bancadas inició ayer una “cruzada legislativa” para que se transparenten los planes de pensiones de organismos descentralizados. El grupo, que elaboró un proyecto de resolución legislativa para llevar el reclamo hasta el presidente Danilo Medina, lo encabeza el legislador de Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Francisco Matos. Y además pretende conseguir que toda persona que haya cobrado una pensión mientras trabajaba como empleado o funcionario público devuelva el dinero recibido a las arcas del Estado.
“En caso necesario, que sean también procesados judicialmente, según convenga”, especificó Matos durante la rueda de prensa que convocó para anunciar el movimiento congresual.
Luego de saludar las medidas que la Superintendencia de Pensiones tomó para suspender el plan de retiro irregular de la Superintendencia de Bancos, los legisladores de la “Cruzada Legislativa” pidieron que la acción se extienda hasta el Banco Central, la Dirección General de Aduanas, la Superintendencia de Valores, el Banco Nacional de la Vivienda, el Banco de Reservas, la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, la Junta Monetaria y “cualquier otra institución”.
“Hacemos un mea culpa ya que los legisladores no hemos sabido desarrollar desde el año 1981 una ley acorde con los tiempos, y esperamos asumamos nuestra responsabilidad”, destaca la propuesta de resolución depositada en la agenda legislativa. El escándalo de las pensiones salió a la luz pública luego de las autopensiones otorgadas en la Superintendencia de Bancos.
De su lado, el presidente de la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Marino Vinicio Castillo (Vincho), abogó ayer porque el sistema de pensiones sea regulado por una nueva ley. “Para eso debe prepararse una ley general de pensiones y racionalizar todo eso, y los organismos descentralizados que se han despachado con la cuchara grande, y cada quien se ha despachado la pensión que le viene en gana, eso no puede estar fuera del control de la dirección central del Gobierno. Y es por ley, naturalmente, que se tiene que regular”, manifestó. Vincho Castillo agregó que el borrador de este marco legal puede emanar tanto del Ejecutivo como del Legislativo.
De igual forma, dijo, además, que “con relación a esas pensiones, las de la Superintendencia de Bancos, fueron aprobadas por la Junta Monetaria, ahora, se dice que el reglamento que lo manejaron para favorecer a una cantidad de funcionarios. Debió de verlo la Junta Monetaria”.
Mariano Rodríguez renuncia a pensión
El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Mariano Rodríguez, solicitó la suspensión de la pensión que recibe como exmiembro de la Junta Central Electoral (JCE), mientras permanezca en las funciones públicas que desempeña en estos momentos.
El juez titular del Tribunal Superior Electoral tenía una pensión de RD$146 mil 998 al mes.
Por pago de cesantía laboral le dieron RD$1 millón 36 mil.
