Salomé Sarita salió tempranito en la mañana de ayer desde Puerto Plata hacia el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) en Santo Domingo. Su objetivo: intentar por enésima vez conseguir que le aprueben la pensión por unos RD$5,000, que en siete años de gestiones no ha logrado.
El rostro de Salomé (de 70 años) refleja las tres décadas de labores fuertes que transcurrieron en la vida de este señor en el ingenio Montellano, desde aquellos tiempos en que la industria azucarera era el brazo fuerte de la economía dominicana y para la cual aportó una parte importante de su sudor y fuerza física.
Cada uno de los viajes que Salomé ha dado en busca de la pensión que nunca llega le ha costado RD$700. “Ya le debo 5,500 pesos al prestamista, él me presta al 20% mensual cuando yo vengo a hacer esta diligencia”, comenta el otrora trabajador de las zonas cañeras, mientras muestra a elCaribe un documento marcado con la numeración 0044265 y la solicitud número 63995.
La Dirección de Jubilaciones del IDSS le dio el visto bueno a la pensión que espera Salomé, “porque el hombre se la ganó”, pero ahora el anciano tendrá que dar muchos otros viajes al Ministerio de Hacienda para ver si le darán los “pesitos”. Esta institución tiene la última decisión en este asunto.
Las inmediaciones del IDSS parecen un lugar de lamentaciones. Por allí confluyen cada día extrabajadores del sector cañero y otras áreas, cuyas pensiones no se resuelven con un reglamento “bien calculado”, elaborado en aire acondicionado y con la “viveza” de quienes buscan sacar más y más provecho de las arcas públicas. “Lo primero es que las tramitaciones son burocráticas, todo se lo complican a esa pobre gente. No es nada fácil costear el pasaje cuando estos antiguos trabajadores que buscan una pensión tienen que venir de provincias lejanas como Puerto Plata, La Altagracia, La Romana o de los bateyes de Sabana Grande de Boyá. Todos estos trámites terminan venciendo a los exobreros y al final tienen que dejar eso o vender sus tanques de gas o sus estufas para ver si alcanzan la pensión de miseria”, sostiene con dejo de decepción el coordinador de la Unión de Trabajadores Cañeros, Jesús Núñez.
Ayer, una puerta habilitada para recibir las solicitudes de pensión en la “Caja de Pensiones” era una muestra de las dificultades que atraviesa un pobre ciudadano para conseguir un beneficio contemplado en la ley. Amontonados unos, en silla de rueda otros, y acompañados de familiares algunos, todos llegan en busca de un sueño que parece perdido. “Pero los grandes jerarcas y funcionarios que nos gastamos en el país, no tienen ni la mínima idea de que esto ocurre. El dinero que ellos obtienen en sus importantes puestos y el que gestionan por abajo, no les permite siquiera pensar en esta realidad que solo toca a los pobres, a los que trabajaron de verdad”, dijo en tono molesto Ramón Gerardo, otra de las personas que conversó ayer con este diario.
La Sipen puede accionar
El superintendente de Pensiones, Joaquín Gerónimo, sostiene que desde esa institución que él dirige, puede hacerse algo positivo, especialmente en el caso de las personas en las que resulte difícil comprobar los derechos adquiridos, por falta de papeles, registros contables o evidencias de que éstas trabajaron e hicieron aporte a la seguridad social.
Para esos envejecientes, Gerónimo informa que se trabaja en la implementación del Plan de Funciones Solidarias del Estado. “No hay que esperar que estas personas demuestren que hicieron cotizaciones al sistema y se ganaron el derecho. Es suficiente con que sean envejecientes necesitados de la atención solidaria”, apuntó el superintendente de Pensiones.
Expedientes flotando en el aire
Como Salomé Sarita, quien figura en la foto de arriba, en República Dominicana existen miles de personas que trabajaron en los campos cañeros de los antiguos centrales azucareros y cotizaron para el seguro social, que se sienten desprotegidos. Uno de ellos es José Isabel Martínez, quien comenzó a laborar en el ingenio Río Haina en 1952. Dejó ese trabajo en 1974, según narró ayer. Martínez tiene dificultad para caminar, por eso ayer llegó a diligenciar su pensión en silla de ruedas. En una situación similar se encuentra Lexce Gabi, quien sirvió por muchos años al ingenio Boca Chica.
Crudeza
Jesús Núñez
Dirigente Unión Trabajadores Cañeros
“Los funcionarios de Hacienda que evalúan si dan o no las pensiones tienen buenos sueldos y no salen a hacer levantamiento de campo. Son burócratas que se manejan con mensajería y no van a ningún lado a verificar las condiciones de las personas que trabajaron antes”.
Dagoberto Luis Barón
Exobreros SPM
Reside en el municipio Quisqueya, San Pedro de Macorís, y lleva más de cinco años intentando que el Estado le otorgue una pensión, sin conseguirlo. “La injusticia en este país no tiene nombre. Mira como a los funcionarios les resuelven rápido y a nosotros no”.
