Tres entidades de la sociedad civil condenaron ayer los privilegios que disfrutan generales policiales y de las Fuerzas Armadas en condición de retiro. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Participación Ciudadana y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) coinciden en que la solución más viable a lo que consideran un problema ancestral en la Policía Nacional y en los cuerpos castrenses, es abocarse a un proceso de reforma integral de esas instituciones.
“Eso es parte de una cultura que ha venido imponiéndose desde esas instituciones. Esa es la realidad”, apunta Servio Tulio Castaños, director ejecutivo de la Finjus. Dijo que privilegios como tener guardias y policías activos realizando, incluso, trabajos domésticos en casas de generales retirados, es una costumbre que va más allá de estas distorsiones.
“Hay que reformar esas instituciones y desde las normas prohibir situaciones de esa naturaleza. Y también el hecho de que en República Dominicana históricamente haya tenido tantos generales, evidentemente que también eso ha contribuido a esas prácticas”, sostuvo.
El directivo de la Finjus fue más lejos en sus pronunciamientos sobre esta anomalía que se registra en la Policía y en las Fuerzas Armadas. Dijo que muchos de los casos delictivos o criminales que vinculan a estas instituciones son cometidos por miembros activos al servicio de altos mandos policiales y militares puestos en situación de retiro.
“Y muchas veces es desde esas instancias que se cometen hechos delictivos. No son los que están prestando el servicio (regular) los que rompen con la lógica de la Policía. Son los que están en un lugar que no les corresponde. Como no tienen quienes los vigilen, entonces vemos cómo suceden cosas que deterioran la imagen de la Policía”, sostiene Castaños Guzmán.
Aseguró que más de la mitad de los agentes policiales están en sectores ajenos al cuerpo del orden. “Eso es lo que nosotros estamos tratando de ver cómo controlamos en una reforma policial y a las Fuerzas Armadas”, manifestó Castaños Guzmán, uno de los representantes de la sociedad civil que más ha abogado porque se corrijan este tipo de situaciones a lo interno de los cuerpos castrenses y en la uniformada.
La opinión del coordinador general de Adocco, Julio César de la Rosa Tiburcio, va en esa misma dirección. Entiende que la gran cantidad de agentes en manos de generales en condición pasiva y de otros sectores produce un déficit importante de efectivos al momento de encarar seriamente la inseguridad ciudadana.
“Ahora que se discute una reforma a la ley general de la Policía, debe tomarse en consideración que se cree un mecanismo de protección a los oficiales de policía y de las Fuerzas Armadas en retiro, en donde participen también subarternos retirados, ya que la mayoría se va a prestar servicios al sector privado, significando esto que están aptos para seguir laborando”, sugirió De la Rosa Tiburcio.
Entiende que de esta manera no se utilizarían policías y militares activos para cuidarle la espalda a los generales retirados.
“También consideramos que debe regularse por ley la cantidad y tipos de armas que le corresponderían a los oficiales superiores puesto en retiro, y así el Estado tendría que invertir menos en la compra de armamentos sin necesidad”, propone De la Rosa Tiburcio.
La coordinadora de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa Pérez, mostró igualmente su preocupación por estos privilegios, otorgados a generales retirados por parte de las instituciones a las que pertenecieron y en las que desempeñaron funciones de mando.
“Nosotros nunca apoyaremos un grupo de personas que tienen que dar un servicio a la ciudadanía para dar servicio, no de protección, sino domésticos: cuidar las casas, manejarles (sus vehículos), empujar los carritos en los supermercados a las esposas y familiares de esos generales”, apunta Sosa Pérez.
Sostiene que Participación Ciudadana se opone a que se haga un uso inadecuado del capital humano que representan los guardias y policías. A esos generales retirados con más uniformados a su disposición que un jefe activo, Sosa Pérez les recuerda que estos servidores son remunerados con el dinero que los contribuyentes pagan religiosamente.
Apunta que esta irregularidad se corrige haciendo una revisión de las normas vigentes que rigen el funcionamiento de esas instituciones, y estableciendo “una política clara de los altos mandos, porque ellos saben muy bien dónde están cada uno y qué hacen”, dijo.
Distorsión
Igual que Servio Tulio, Sosa Pérez cree que más de la mitad de los policías realizan funciones “inadecuadas”, dado que su papel es proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas, según dispone el artículo 2 de la ley orgánica de la Policía Nacional (96-04).
El artículo 34 de la referida ley revalida lo dicho por la activista de la sociedad civil. Establece que “los miembros de la Policía Nacional son servidores públicos que, en virtud de nombramiento legal y tras su incorporación a sus funciones, prestan sus servicios de preservación y mantenimiento del orden público a la comunidad nacional; hacen cumplir la ley y reciben remuneración con fondos del Estado, fijados en el Presupuesto General de Ingresos y Ley de Gastos Públicos”. Es decir, la misma normativa que define la misión de la Policía especifica, en más de una ocasión, que el rol fundamental de esta institución es el de preservar la vida y garantizar la seguridad de la ciudadanía, y no de sectores privados o generales retirados en particular.
“La función de un policía no es cuidar una casa de un funcionario o de un general. Reclamamos que se verifique la nómina; se identifique dónde están asignados estos agentes y que retornen a darnos la protección que nosotros necesitamos”, sugiere Sosa Pérez.
Los súper poderes de un general enviado al retiro
Aunque no está señalado por las leyes orgánicas de las instituciones a las que pertenecen, muchos guardias y policías ‘ven la gloria’ cuando un exgeneral retirado (y más si fue un jefe influyente) los requiere para que cuiden sus espaldas, vigilen sus fincas o protejan sus residencias. Esto así, porque encuentran en esta coyuntura una excelente oportunidad de ascender a un rango superior en la escala jerárquica establecida dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Estos altos oficiales en retiro dejan físicamente la institución, pero se marchan con el poder de recomendar, incluso, cancelaciones, ingresos y ascensos de militares y policías. Esa ha sido la tradición dentro de estas instituciones, hartamente conocida por la población y mejor aún por los miembros que la componen. Así es. El poder de un general retirado en este país alcanza para esto, y hasta para mucho más.
Inaceptable
Finjus y Participación Ciudadana aseguran que más de la mitad de los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas prestan sus servicios en favor de intereses privados.
Propuesta
La sociedad civil entiende que un proceso de reforma profunda puede resolver todas las anomalías que afectan el desarrollo de estas dos instituciones.
Eso es lo que estamos tratando de ver cómo controlamos en una reforma policial y a las Fuerzas Armadas”
Servio Tulio Castaños
Directivo de la Finjus
