En República Dominicana, un país donde el nuevo Gobierno intenta “poner orden en la casa”, existe duplicidad de funciones en ciertas instituciones y otras que han perdido su razón de ser, colocando sobre “los hombros” del presupuesto del Estado una pesada carga económica cada mes.
Es un esquema que viene de lejos y envuelve instituciones del área agropecuaria, especialmente de la investigación, del transporte, del ámbito social y de la vieja estructura empresarial.
En la parte de investigación agropecuaria, el Estado tiene, con actividades muy parecidas al Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), al Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), y al Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF), este último como entidad descentralizada.
El IDIAF se define como la institución estatal responsable de la ejecución de la política de investigación y validación agropecuaria y forestal de la República Dominicana, mientras el CEDAF, según se lee en su portal, promueve el desarrollo sostenible del sector agropecuario y forestal, a través de la capacitación, información, innovación institucional y análisis de políticas y estrategias sectoriales. El CONIAF, se define como una institución que fortalece, estimula y orienta al Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Como se aprecia, se trata de funciones que bien pudiera desarrollar una de esas tres entidades o las tres fusionadas en una.
Otra institución cuya función se cuestiona es el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), que debe promover e impulsar el desarrollo rural con innovaciones y transferencias tecnológicas, programas de micro finanzas y fortalecimiento de las infraestructuras productivas. Sin embargo, se ha visto limitada a entregar cerdas madres, chivas y gallinas ponedoras.
Del lado de las instituciones que perdieron su razón de ser figuran el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), el Instituto Agrario Dominicano (IAD), el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE). El Inespre, creado en 1969, por el entonces presidente Joaquín Balaguer, tenía como principal atribución regular los precios de los productos de la canasta básica familiar y que éstos llegaran a los sectores empobrecidos en condiciones óptimas para el consumo. Sin embargo, el mercado ahora es abierto y se rige por la oferta y la demanda, por tanto, la función de estabilizador de precios es historia. Antes, el Inespre comercializaba y compraba directamente a los productores, y de esa forma intervenía en la fijación de precios en el mercado. Actualmente, entidades como la Asociación de Factorías de la Reforma Agraria y de otros renglones del agro niegan que Inespre desempeñe su rol. “Por ejemplo, nosotros directamente no tenemos mercado para vender el arroz. El Inespre nos tiene aislados hace mucho”, sostiene Roberto Familia, representante de las factorías agrarias.
Mientras, del IAD y el CEA, desde otros ámbitos se aboga porque el Estado no se sacrifique para mantener abiertas esas dos entidades prácticamente inoperantes y con nóminas abultadas. La creación del IAD en 1962 estuvo motivada en la promoción de la agricultura, sustentada en la instalación de asentamientos agrarios, que actualmente no se realizan. “No entendemos por qué mantener vigentes esas instituciones si no tienen una función que cumplir en la sociedad en términos económicos y social”, sostiene el economista Ernesto Selman, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), preguntado por elCaribe sobre el tema. Otros representantes sectoriales se colocan en el mismo carril de Selman y citan casos concretos de “gastos estatales innecesarios”, como los dispuestos para el CEA, en un contexto donde ese organismo no cuenta con los 12 ingenios azucareros que poseía antes. Tres de ellos están arrendados y de los otros nueve no queda nada. Los arrendados son Barahona, Montellano y Porvenir.
Caos en transporte
Las entidades oficiales que deben regular el tránsito y el transporte en el Gran Santo Domingo son siete, de un total de 14 vinculadas, pero falta una autoridad rectora que trace las políticas y que ponga orden en el sector.
Las principales son la Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet), la Oficina Técnica del Transporte Terrestre (OTTT), la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), el cabildo de cada localidad, el Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (Fondet), la OMSA y el Departamento de Vehículos de Motor de Impuestos Internos.
También tienen incidencia parcial la Policía, Politur, Turismo, la Liga Municipal Dominicana, el Consejo de Administración y Regulación de Taxis, entre otras.
Aunque el decreto 477-05 le confiere la autoridad general a la Opret en materia de transporte, las demás instituciones gravitan sin un plan conjunto.
El Gobierno no se refiere a esos casos
Las instituciones estatales dedicadas a programas de asistencia social y desarrollo suman una veintena, muchas de ellas con funciones casi idénticas. A esto se suma que varios ministerios tienen habilitados programas de asistencia social y de ayudas. Entre las instituciones del sector social figuran: Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial y la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial. Con funciones parecidas figuran Comunidad Digna, Dirección General de Desarrollo de la Comunidad y el Fondo de Promoción a la Comunidad.
A la lista se suma el Plan Social de la Presidencia y la Dirección General de los Comedores Económicos.
El presidente Danilo Medina comenzó a dar muestras de austeridad el pasado 21 de agosto, cuando al encabezar el primer Consejo de Gobierno dispuso control para los viajes de los funcionarios y para el uso de tarjetas de créditos, pero no se ha referido a las duplicidades de instituciones y de aquellas cuya razón de ser se cuestiona. El sector privado también insiste en que se controle el gasto del Gobierno.
