Ayer más de 30 empleados de la Contraloría, que supuestamente fueron cancelados, montaron un piquete frente a la institución en demanda de su reposición.El titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DGEIG), Marino Vinicio Castillo, informó ayer que mañana sus miembros se reunirán para conocer los expedientes de varios empleados que han sido cancelados de la Contraloría General de la República.
“El ministerio de Administración Pública ha estado remitiendo a la Dgig casos de empleados y funcionarios que han sido despedidos, pero que alegan que no pueden ser despedidos porque están dentro de la carrera administrativa, entonces nosotros hemos abierto una serie de audiencias y entrevistas para conocer sobre esos casos”, explicó Castillo.
Informó que para el próximo lunes esa entidad se reunirá con varios exempleados de la Oficina Técnica del Transporte Terrestre (OTTT) que también han expresado quejas por sus cancelaciones, alegando que forman parte de la carrera administrativa.
Castillo precisó que hasta ayer al mediodía había recibido cerca de 14 denuncias de cancelaciones supuestamente en violación a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Explicó que de acuerdo con la Constitución de la República la destitución de un funcionario de carrera es nula de pleno derecho, porque es un acto contrario a su indicación.
“Es decir, ningún incumbente puede desconocer eso, porque la Constitución se encarga independientemente de que la Ley de Administración Pública le ratifique. Es una protección constitucional para esos empleados”, precisó el Director de la DGIG.
Camejo se reunirá con Contralor
El ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, informó ayer que se reunirá con el contralor General de la República, Haivanjoe Ng Cortiñas, para buscar una salida a los supuestos despidos a empleados de carrera que se han producido en esa entidad.
Camejo aclaró que su pronunciamiento, en el sentido de que los funcionarios deben respetar la ley de carrera administrativa, no obedece a que se hayan producido despidos masivos en las instituciones públicas, sino que fue “más bien una advertencia”.
“La ley y la Constitución establecen la responsabilidad personal del funcionario y quien la vulnere, incluso está sujeto a resarcir con sus bienes a las personas afectadas”, recordó Camejo. Según un comunicado del partido oficial, Camejo y Ng Cortiñas se reunirán, sin especificar fecha.
Reclaman los repongan en la Contraloría
Ayer un grupo de empleados que supuestamente fueron cancelados por Ng Cortiñas se manifestaron frente al edificio de la Contraloría, demandando reposición. Entre los supuestos afectados figuran Rosa María de la Cruz, con 22 años en la administración pública, al igual que Ulises Ureña.
El Contralor no quiso referirse al conflicto y se limitó a decir: “Hay sectores interesados en dañar las excelentes relaciones que tengo con Simón Lizardo”.
