Días antes de concluir su mandato, el presidente Fernández autorizó al director del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper), a demandar a las dos empresas principales de generación eléctrica por el cargo de conspiración para defraudar al Estado. La acusación involucra a cuantos ejecutivos han tenido esas empresas, nacionales y extranjeros. Los cargos se refieren a supuestas actividades ilícitas desde el 2001.
Cuando se leen estas cosas, se tiende a pensar que el presidente saliente, muy poco dado a atender los reclamos de sanción a la corrupción, se habría percatado apenas una semana antes de marcharse y dejar el puesto en otras manos, aparentemente más idóneas, de hechos tan bochornosos a los que él, como jefe del Estado y del gobierno, obligado por juramento a defender y cuidar el patrimonio público, no fue capaz de ver en 48 meses.
Un simple olvido presidencial de tan sólo poco más de mil quinientos millones de pesos que el fisco habría perdido, según su propio director del Fonper, y que se le presenta así no más al país, como si se tratara de algo tan simple como una excusa por inasistencia a un cóctel de un amigo en su fecha aniversario.
En el contexto en que esta demanda se produce, habría que asimilarla como una travesura para complicarle aún más las cosas a su sucesor, o como otra forma muy peculiar del señor Fernández de llegar tarde a una obligación, restregándole de nuevo su poder a un conglomerado incapaz, según su conocida valoración, de analizar los hechos con conciencia.
Esta bola de humo le añade al presidente Medina otro problema muy serio en medio de una grave situación de calamidad económica, en la que deberá negociar una reforma fiscal, demostrar su interés legítimo de atraer inversión y ganarse el respeto de la comunidad internacional. Si la demanda tiene base Fernández tendría que responder por negligencia.
