Aunque su necesidad es reconocida por todos los sectores, la firma de un pacto fiscal apunta a un enfrentamiento entre el Gobierno y el sector productivo privado cuyas consecuencias bien pudieran cargarse a la población, sobre todo a la clase media, lo que desvirtuaría el objetivo del pacto en cuanto a financiar el desarrollo y disminuir la desigualdad social.
Desde que asomó la necesidad de una reforma fiscal, diversos sectores, sobre todo el empresarial, dieron la alerta en el sentido de que debía hacerse en forma “integral”. Pero ¿qué es una reforma integral? En términos sencillos, es la que abarcaría a todos por igual, penalizando a los de mayores ingresos. Nadie quiere cargar con el peso del desarrollo.
Reputados economistas, como Bernardo Fuentes, señalan la necesidad de una política fiscal que dinamice la pequeña y mediana empresa, incorporando a su vez a los sectores de la economía informal.
Las posiciones
Para los empresarios, antes de crear nuevos impuestos, el gobierno debe aclarar el uso que dará a los recursos recaudados y asumir el compromiso de transparentarlo mediante una ley de responsabilidad fiscal y mejorar la calidad del gasto, eliminando los gastos superfluos, como son los destinados a cuestiones político-clientelares.
Manuel Diez Cabral, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, ha señalado que el pacto fiscal debe basarse en rebaja de impuestos, más exenciones impositivas y austeridad en el gasto público.
El sector empresarial propugna por una pacto en el cual no se penalicen mucho las empresas, a fin de no impedir que las mismas evolucionen, crezcan y generen más empleos, pero a su vez observan que tampoco se debe gravar el consumo, para no desincentivar las compras.
La Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, que agrupa a unos 30 mil afiliados, demanda que a ese sector se conceda una amnistía fiscal para reorganizarse e incorporar a otros comerciantes que operan en el sector informal, con lo que se ampliaría la base impositiva una vez estén en condiciones.
El Gobierno de su lado está en la necesidad de reducir la evasión fiscal, calculada en cerca del 50%, y en forma inmediata de obtener los recursos para reponer los cerca de RD$118 mil millones del déficit que se atribuye al gobierno de Leonel Fernández.
Al mismo tiempo, el sector trabajador observa que ha cargado con el peso de las anteriores reformas, por lo que otra más sería insostenible, pues su debilidad no le permite impulsar una reforma que cambie el modelo económico vigente.
Por ello, el nuevo pacto implicaría nuevos sacrificios para los contribuyentes, sobre todo la clase media, que ha cargado con el peso de las reformas hechas desde 2004 a la fecha.
Apolinar Veloz, economista, observa que el pacto fiscal debe equilibrar la carga tributaria en función de la capacidad de pago de los contribuyentes, así como con un gasto público de calidad.
Lo que dice la Estrategia
La ley sobre Estrategia Nacional de Desarrollo, según el presidente Danilo Medina la guía de su gobierno junto a la Constitución, incrementa la presión tributaria en un 16% para 2015; en un 19% en 2020; para 2025 un 21% y para 2030 un 24%.
En cuanto a los subsidios, sobre todo el energético, la Ley plantea reducirlo de los casi US$800 millones actuales a US$262 millones en 2015; US$70 millones en 2020, US$63 millones en 2025 y US$55 millones en 2030.
Las reformas anteriores
Desde septiembre de 2004 hasta 2011 se han impulsado 5 reformas fiscales, todas con el propósito de incrementar los ingresos del gobierno para cubrir fuertes déficits generados por el desorden en el gasto público y financiar campañas electorales, como en 2008 y 2012. En ninguna los empresarios han podido ponerse de acuerdo y el gobierno ha impuesto sus puntos de vista.
La clase media ha cargado con el mayor el peso. Las reformas han subido el Itebis, ISR, el selectivo al consumo, bancas, servicios y bebidas alcohólicas.
El año que viene habría que aumentar el ITBIS
El director Ejecutivo de la Cámara de Comercio Domínico-Francesa, Henri Hebrard, dijo que el presidente Danilo Medina está obligado a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a fin de poder ejecutar sus propuestas de gobierno. Hebrard observó que el FMI y el gobierno del presidente Leonel Fernández acordaron que para 2013 el déficit fiscal permitido no puede sobrepasar los RD$16 mil millones. Igualmente señaló que para el próximo año el gobierno tiene que buscar RD$34 mil millones para cumplir con el 4%, lo que obligaría a incrementar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) más allá del 16% actual, o ampliar la base imponible del gravamen.
Las cifras
34,000 MM
Para cumplir con el 4% del PIB para la educación preuniversitaria, el gobierno debe destinar RD$34 mil millones
262 Millones
El año que viene los subsidios eléctricos deberán bajar de los US$800 millones actuales a US$262 millones.
