En carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, el capítulo puertorriqueño de Amnistía Internacional solicitó la activación “urgente” del Defensor del Pueblo.
En la misiva, firmada junto a otras 25 organizaciones locales que trabajan en pro de los derechos humanos, sociales y políticos, Amnistía argumentó que el nombramiento del Defensor del Pueblo ayudará investigar las agresiones que se comenten contra parte de la población dominicana.
“A once años de la aprobación de la ley por la que se creó la figura institucional del Defensor del Pueblo, y después que la constitución de 2010 incluyera expresamente mención de esta institución, creemos que ya es tiempo de que se nombre a quien tendrá esta importante labor,” resalta en el documento Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional, en el documento dirigido a Abel Martínez.
Firmas
El activista anunció que la entidad hará una recolección de firmas a través de Internet para sustentar el reclamo de que el Defensor comience a ejercer sus funciones durante el primer año de gestión del presidente Danilo Medina.
Una comisión especial de la cámara baja presentó en marzo del 2011 la lista que contiene los expedientes de seis ciudadanos ponderados para ocupar el cargo. Hasta que no sea aprobada por el pleno de los diputados, el Senado no puede hacer la escogencia definitiva.
Después de una serie de debates y vistas públicas legislativas, resultaron propuestos: Porfirio Rodríguez Iriarte, ingeniero civil, excoordinador de Participación Ciudadana; Ramón Bienvenido Martínez Portorreal, doctor en Derecho, con maestría en Defensa y Seguridad; Iraima Altagracia Capriles Rosado, licenciada en Derecho especializada en temas de familia y función institucional; Vielka Polanco Morales, abogada, exconsultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Andrés Reyes Fortunato Victoria, licenciado en Derecho, maestro del sector público; Félix Antonio Cruz Jiminián, doctor en Medicina, filántropo y activista de los derechos humanos.
El reclamo de Amnistía Internacional tambiéen es rubricado por organizaciones como el Centro Bonó, la Colectiva Mujer y Salud, la Comisión de Derechos Humanos y el Sindicato de la Prensa. l jhonatan liriano
Mandato de la Constitución del 2010
La Constitución proclamada el 26 de enero del 2010 establece que el “Defensor del Pueblo es una autoridad independiente en sus funciones y con autonomía administrativa y presupuestaria”. Su función esencial es la de “contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos establecidos en la Constitución y las leyes, en caso de que sean violados por funcionarios u órganos del Estado”.
