Samaná.- Las familias que ocupan las instalaciones de la gobernación no quieren ser reubicadas en los terrenos que les propusieron ayer las autoridades. Por el contrario, esas familias plantean llegar a un acuerdo amigable con los reclamantes de los terrenos de donde fueron desalojados.
El Gobierno dispuso ayer la reubicación de las 35 familias desalojadas, parte de las cuales viven desde hace ocho meses en el edificio de la gobernación provincial.
Las autoridades propusieron llevarlas a Cueva del Agua, en Las Galeras y, a través de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, alquilarles viviendas antes del traslado definitivo.
Estas familias residen en la gobernación provincial, donde realizan sus actividades cotidianas y utilizan los baños y cocinas del edificio desde donde despacha el gobernador Fausto Forchue.
Los comunitarios fueron desalojados de unos terrenos donde, aseguran, tenían 70 años. Fueron expulsados por una familia solo conocida por su apellido Rodríguez. Se dijo que la familia Rodríguez la componen unos 60 herederos de los terrenos en conflicto. Los desalojados habían arribado a “acuerdos amigables” con 35 de ellos, para seguir viviendo en dos de estas parcelas.
