Doña Delia Vilorio se esfuerza para recordar cuántos años tiene. “Creo que son como 82”, expresa, con mirada perdida y sin mucho ánimo de insistir en el tema. Lo que sí recuerda a la perfección-y lo que le importa-es el lugar donde vivía, antes de ser desalojada con sus hijos y nietos y fuera a parar a los pasillos de la gobernación provincial de Samaná.
Ya pasaban las 12:00 del mediodía. A esa hora, Delia no había comido nada. Tampoco un bebé de dos años que dormía una siesta en un pasillo atiborrado de trastes, ropas y camas tipo sándwich, con los rayos del sol casi calcinando la fragilidad de su espalda. Allí, en condiciones infrahumanas y justo al frente del despacho del funcionario obligado a solucionar el problema, viven actualmente 35 familias, de 45 que fueron desalojadas de la comunidad Cuevas del Agua, del distrito municipal Las Galeras.
Hace ocho meses que estas familias residen en la gobernación provincial, donde duermen, comen de manos piadosas y utilizan los baños y cocina del edificio desde donde despacha el gobernador Fausto Forchue, quien entra y sale de sus oficinas como si se hubiese acostumbrada a un drama que contradice la imagen del pueblo turístico y pujante que representa Santa Bárbara de Samaná.
Estas personas fueron desalojadas de unos terrenos donde aseguran tenían 70 años. Fueron expulsados por una familia solo conocida por su apellido Rodríguez.
Los desalojados llevaron el caso incluso a la Suprema Corte de Justicia, para demostrar que la acción que afecta a 45 familias es ilegal.
“Tenemos registrados unos títulos de propiedad de otras parcelas que no tienen que ver con este problema y también fuimos desalojados de ellas”, asegura Rómulo Rodríguez, vocero de este grupo de hombres, mujeres y niños que se pasean de un lado a otro en los pasillos de la gobernación.
Dijo que la familia Rodríguez la componen unos 60 herederos de los terrenos en conflicto, y que arribaron a “acuerdos amigables” con 35 de ellos, para seguir viviendo en dos de estas parcelas.
Pero se queja de que estos pactos no fueron cumplidos y, como consecuencia directa, hay 175 personas desalojadas, aunque algunos hallaron posada en casas de familiares y amigos.
La desolación en estas personas se palpa en los colchones sucios tirados en el suelo; en madres sin maridos con caras de preocupación… en los rostros pálidos de pequeños que gimen de frío cuando el mar refresca sus prolongadas noches.
El gobernador
Cuando se le requirió su opinión acerca de la realidad que envuelva a estas familias, el gobernador Fausto Forchue respondió sin visos de perturbación.
“Albergamos la esperanza de que se le busque alguna solución que involucre hacerles viviendas económicas, donde ellos puedan estar en condiciones normales”, sugirió el funcionario provincial.
Sobre la responsabilidad que le compete a la gobernación, como centro de canalización de solución a problemas locales, Forchue dijo que se han hecho diligencias a través de algunas oficinas del Estado, sin que ocho meses después hayan recibido respuestas que satisfagan las expectativas de los moradores de Cuevas del Agua.
“Como la gobernación no tiene los recursos para ayudarlos en su problema, ellos han permanecido ahí, propiamente con la ayuda de personas que traen distintos productos”, señala.
Explica que le han propuesto al gobierno que compre cinco o seis tareas para que construya viviendas donde estas personas puedan vivir dignamente, aunque todavía estos esfuerzos permanecen en la categoría de planes sin concretizar.
Posturas
Como la gobernación no tiene los recursos para ayudarlos en su problema, ellos han permanecido ahí”.
Fausto Forchue
Gobernador de Samaná
Ellos (familia Rodríguez) alegan que tienen títulos, pero nosotros tenemos también títulos de esos terrenos”.
Rómulo Rodríguez
Vocero de desalojados
