El director de la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República, Germán Daniel Miranda Villalona, expresó este jueves que el lavado de activos procedente de actividades ilícitas, constituye motivo de gran preocupación para los Estados.
Miranda Villalona afirmó que el peligro está tanto por sus nocivas consecuencias para la economía y porque conlleva una competencia desleal que arruina las actividades comerciales y productivas legítimas, entre otros asuntos negativos.
A través de un comunicado manifestó que “el lavado de activos es un crimen precedido por otro crimen, el cual se alimenta de la ilicitud, cuya característica lo diferencia de los demás crímenes”.
El fiscal habló sobre “Lavado de activos, delincuencia profesional y negocios seguros”, tras participar en la II Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo, celebrada en Punta Cana.
Indicó que el lavado de activos se asimila a un delito de cuello blanco o delito económico.
Puede definirse como “una conducta delictiva imperceptible, cometida por altas personalidades con reconocida preparación académica y profesional, ejecutivos, directivos, usualmente personas de excelente presencia, con influencias sociales, policías, económicas y financieras que hacen difícil la detección y efectividad de la ley”, señaló.
“Se hace necesario saber con qué tipo de delincuentes profesionales nos encontramos en este medio, lo cual provoca identificarlo según la actividad ilícita o el delito grave de donde procedan, ya sea narcotraficantes o grandes capos, corruptos o altos funcionarios, terroristas, secuestradores, contrabandistas, estafadores, falsificadores, entre otros”, resaltó el funcionario.
Señaló que el lavado ha ido rompiendo su conexidad con el narcotráfico o el mundo de las drogas, y ahora su ilicitud depende de muchos delitos subyacentes; sin dejar de reconocer la preponderancia del negocio de las drogas en las realidades de nuestros países.
Miranda Villalona aseguró que se requiere de una verdadera voluntad política de los Estados, y una mayor atención al tema, además de procurar la aplicación efectiva de todas las recomendaciones y políticas antilavado que se hayan formulado.
Cree necesario aplicar en primera línea la política antilavado, a partir de, primero conocer a su cliente, establecer procedimientos de controles y supervisión internos, designar oficiales de cumplimiento, programas continuo de formación de los empleados en el área de la prevención antilavado.
También, establecer división contable, auditable y fiscalización interna y externa para verificar la eficiencia del sistema, así como la promoción de la cooperación jurídica internacional, el fomento de la capacidad institucional, la transparencia, la rendición de cuentas y la concientización, entre otras.
En ese orden, hizo un llamado de atención dirigido a que tanto las empresas públicas como las privadas, en la actualidad no podrán alegar ignorancia del cumplimiento de las políticas Antilavado y la práctica de técnica o estudio antiriesgo, a menos que quieran comprometer su imagen, reputación, su trayectoria mercantil, comercial o ser condenado administrativa y penalmente.
El evento, además conto con la participación de Ken Bryant, representante de Estados Unidos, quien expuso el tema “Las mejores prácticas para el sistema integral de seguridad bancaria. Evaluación de riesgos y controles para una alerta temprana”.
