La propuesta del diputado Carlos Gabriel García de prohibir la exportación de desperdicios metálicos y chatarras para frenar el vandalismo que afecta a importantes estructuras públicas y privadas ha despertado un intenso debate sectorial.La Asociación Nacional de Empresas Metaleras de la República Dominicana (Asonamerd) emitió ayer un comunicado para rechazar el proyecto que prohíbe el lucrativo negocio por un período de 10 años, con el argumento de que gran parte de las plantas de recolección que operan actualmente están constituidas de acuerdo con los mandatos de la ley, y hacen serios aportes al desarrollo económico de la nación.
Jorge Peguero, encargado de comunicaciones del conglomerado, señaló que la medida planteada por el diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) sólo podría justificarse en países donde existen plataformas dedicadas a la fundición y reciclaje de los desechos metálicos, las cuales no se encuentran en el territorio nacional.
Además, los miembros de Asonamerd entienden que es injusto y poco prudente confundir a los ladrones de tapas de alcantarilla y monumentos con los empresarios del sector metalero.
En la actualidad cerca de 38 empresas se dedican al negocio de la exportación de metales en República Dominicana y generan un promedio de US$73 millones por año en los reglones de acero, hierro, cobre, aluminio, bronce y zinc.
En el lado opuesto del tema, la Asociación Nacional de las Industrias Metalmecánicas y Metalúrgicas (Asonameca) reitera su respaldo al proyecto presentado por el legislador García por entender que, en vez de exportar sus desechos metálicos, los dominicanos necesitan crear una industria de fundición y siderurgia.
Vicente Julián King, microempresario miembro de Asonameca, dice que las sociedades desarrolladas se dedican a comprar la supuesta chatarra para luego venderla a pueblos pobres como el dominicano, pero convertida en productos tales como tubos, barras, varillas, planchas, y cableado.
“Siempre hemos entendido que la supuesta chatarra debería ser declarada patrimonio nacional. Nosotros no producimos metales, pero tenemos la experiencia, la capacidad y la necesidad de reutilizar esos materiales”, destacó King, quien preside la Asociación de Micros y Pequeños Fabricantes de Muebles Escolares.
El dirigente empresarial opina que la prohibición de las exportaciones de desperdicios metálicos se traducirá de inmediato en reducción del robo y saqueo de los puentes, torres y cables del sector eléctrico.
Como ejemplo de los beneficios que se podrían alcanzar mencionó el caso de Cuba, donde el Estado recicla todo tipo de metal desde hace décadas, con lo que se ahorra recursos multimillonarios y reduce la dependencia del extranjero.
Adoexpo: un punto medio
El presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Kai Schoenhals, consideró que el problema del robo de piezas metálicas no se resuelve prohibiendo las exportaciones. A su juicio, debe buscarse un mecanismo para mejorar la regulación del sector, evitando el comercio de tapas de alcantarillas, alambres del tendido eléctrico y telefónico, obras monumentales y otros materiales sustraídos de los sectores público y privado.
“Las empresas que están organizadas le hacen un servicio a la sociedad, porque sacan los metales de los ríos, de solares y de otros espacios importantes, además de que son fuentes de generación de empleo”, sostuvo Schoenhals en conversación telefónica con elCaribe.
El presidente de Adoexpo resaltó que, en este caso, ninguno de los dos extremos es viable, y recordó que el problema no es propio de República Dominicana. Por el aumento de precio del cobre y el bronce en los mercados internacionales, dijo, en varios países de Europa se están robando las cúpulas de los templos cristianos, porque son construidas con estos materiales.
Bajo estudio
El proyecto de Ley para el comercio y la exportación de desperdicios de metales, chatarras y otros desechos de cobre, aluminio y sus aleaciones está bajo estudio de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados.
Su objetivo principal es terminar con la ola de hurtos que afecta al patrimonio público y a importantes empresas de las telecomunicaciones y del sector eléctrico.
El proponente, Carlos Gabriel García, entiende que las dos cámaras del Congreso Nacional podrían aprobarlo en la presente legislatura.
La pieza cuenta con el respaldo de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara Baja, y del presidente del hemiciclo, Abel Martínez. Exceptúa de las prohibiciones a las empresas que exporten los desechos metálicos resultantes de sus propios procesos industriales.
Guatemala fija una cuota anual
Guatemala es uno de los ejemplos regionales que se citan al momento de hablar de limitación de las exportaciones de chatarra y otros desperdicios metálicos.
En enero, el país, mediante el acuerdo 32-2012 del Poder Ejecutivo, estableció una cuota de 30 mil toneladas métricas para ser dedicadas a licencias de exportación. Ni una más, ni una menos. Esta cantidad incluye, además de la chatarra, el hierro y el acero, a los desechos de fundición de aceros aleados, acero inoxidable o acero estañado.
La acción pretende proteger al sector productivo y desincentivar el hurto, según registra el portal prensalibre.com.
