El Ministerio de Obras Públicas tildó de “extremista” la información emitida por organismos de inteligencia de la Policía Nacional que apuntan que el deterioro de 155 puentes del país constituye una amenaza para la seguridad pública. El ingeniero Franklin Monción, director de Mantenimiento de Puentes, admitió que aunque recientemente se han registrado robos de piezas importantes en varios puentes del país nunca ha estado en riesgo la seguridad o estabilidad de los viaductos.
“Yo creo que es muy extremista esa afirmación (…) aunque hemos tenido casos de robos de piezas en puentes importantes, esos daños no atentan contra la seguridad o estabilidad del puente, no creo que llegue a ese nivel”.
Afirmó que en la mayoría de los casos, los robos han afectado la estructura miscelánea o secundaria pero no la parte integral de los puentes.
Citó el caso del puente Mauricio Báez, en San Pedro de Macorís, donde desaprensivos sustrajeron los postes del alumbrado, parte de los cobertores que recubren los anclajes así como las torres de protección aerodinámica que lo resguardan ante eventuales desastres naturales.
“Porque se lleven los postes de luz no se cae un puente, porque se lleven las barandas tampoco se cae”, agregó.
El funcionario corrigió que en vez de 155 puentes, como cita el informe depositado en la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados el pasado viernes, el país cuenta con más de mil puentes.
Sugiere regular compra de metales
Monción sugirió a las autoridades regular la compra de metales para evitar que esas piezas sean atractivas para los desaprensivos.
En cuanto a la labor de mantenimiento que Obras Públicas realiza en los viaductos, Monción dijo que el departamento que dirige inspecciona los principales puentes de la ciudad, autopistas y carreteras cada seis meses.
Agregó que la protección y vigilancia de los puentes como bienes públicos constituye una atribución de la Policía Nacional por lo que instó a destinar vigilancia en esos lugares.
“Yo creo que debe ser atribución de la Policía, nosotros no podemos tener a alguien protegiendo cada puente”.
Organismos de seguridad limitados
El robo de alambres del tendido eléctrico y telefónico, tapas de alcantarilla, torres energéticas, obras monumentales, y piezas de los principales puentes del país ha desbordado la capacidad preventiva y represiva de los organismos de seguridad del Estado.
Los ladrones, según indican los reportes de inteligencia de la Policía Nacional, operan en contubernio con pequeños empresarios que por lo regular venden los materiales a comerciantes de China y Corea.
La acción policial, siempre limitada por los recursos económicos y humanos, se desmotiva porque, de los cientos de expedientes que los agentes consiguen enviar a la justicia, apenas dos o tres llegan a ser objeto de sanción.
“Gente de poder” está involucrada
En la Policía no sólo se cree que los tribunales son blandos con el delito. Se sugiere que los casos de los más grandes ladrones del patrimonio público metálico no son castigados por participación de “gente de poder”, incluidos funcionarios de los distintos niveles del Estado.
La misma sospecha está en el pensamiento de los diputados que forman parte de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, que preside el legislador Elpidio Báez.
En un encuentro con representantes de las Fuerzas Armadas y la Policía, los diputados y diputadas llegaron a decir que quienes tienen poder en República Dominicana pueden dedicarse al comercio de metales hurtados sin asumir ningún tipo de responsabilidad penal.
Evangelina Sosa Vásquez, representante de Monseñor Nouel, piensa que el tema debe enfrentarse con rigor, y cuanto antes.
El general Ney Bautista Almonte, director nacional de Inteligencia de la Policía, expuso el caso de una empresa ubicada en la zona franca de Los Alcarrizos para ilustrar su queja. Dice que en coordinación con las autoridades de la Dirección General de Aduanas (DGA) un grupo de investigadores pudo constatar que grandes cantidades de alambres hurtados de estructuras públicas y privadas iban a parar a la referida empresa de zona franca, para posteriormente ser enviadas en calidad de chatarra a los mercados asiáticos. Las pruebas, insiste el oficial, existían, y el delito era muy evidente. Pero el empresario acusado salió absuelto del proceso judicial.
En el encuentro con los legisladores afloraron algunas propuestas para enfrentar el problema social que tiene a las fuerzas de seguridad en la crítica mira de la opinión pública. Como han sugerido tanto el director de Mantenimiento de Puentes de Obras Públicas, los legisladores de la comisión que estudia la problemática y la Policía Nacional urge regular la compra y exportación de metales en el país.
Propuestas
Los investigadores de la Policía proponen que la Dirección General de Aduanas retome, con más rigor, la campaña de supervisión de toda la chatarra que sale del territorio nacional, con el objetivo de identificar los envíos ilegales y sus responsables (en el 2010 Aduanas, a solicitud de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales –CDEEE–, llegó a suspender temporalmente la exportación de cobre, hasta que las 38 empresas que participaban entonces del negocio se regularizaran).
Otra propuesta, emanada de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara Baja, es la de motivar la aprobación del “Proyecto de ley mediante el cual se regula el comercio y exportación de desperdicios de metales, chatarras y desechos de cobre, aluminio y sus aleaciones, mediante un registro nacional de exportadores”.
La iniciativa es del diputado perredeísta Carlos Gabriel García, y entre otras cosas, busca prohibir por un período de 10 años la exportación de chatarras y desperdicios de metales, incluidos los que resulten de algún proceso de fundición. El texto consideraría el hurto de metales como un robo agravado, y establecería penas de 5 a 20 años de prisión.
García dice que la misma idea ha sido aplicada en numerosos países con éxito indiscutible.
Con estos planteamientos coincide la Federación Dominicana de Empresarios Metalmecánicos y Metalúrgicos (Fedometal), que en días pasados sugirió detener la exportación de chatarras, que a su entender ha dado pie al desarrollo de negocios ilícitos. “La exportación de chatarras es un problema social, político, de tránsito, de salud y económico con el cual han surgido todo tipo de negocios lícitos e ilícitos, siendo el robo el más frecuente y el de más graves consecuencias”, afirmó José Miguel Estévez, secretario general de la organización.
En cambio, Estévez sugiere que se fomente la industria nacional de la fundición a través de las instituciones empresariales como Fedometal. Sostuvo que con ello se contaría con suficiente materia prima para la fabricación de carcasas de bombas de agua, base de motores, base de maquinarias, y una multiplicidad de productos con base a los desperdicios de metales.
Agregó que estos robos se traducen en pérdidas sensibles al pequeño empresario y a su unidad productiva.
Procurador insta a endurecer las penas
El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, reiteró que se deben endurecer las penas que se le imponen a los acusados de sustraer las piezas y elementos de los puentes a nivel nacional.
El magistrado hizo un llamado a los jueces para que no emitan sentencias tan benignas en estos casos. “Ustedes saben cuál ha sido la verticalidad del Ministerio Público en términos de que debemos endurecer esas penas y sobre todo hemos clamado frente a la Justicia y el Poder Judicial, para que no sea tan benigno cuando se trata y se presenta una acusación frente a individuos que han cometido hechos criminales de esta naturaleza”, dijo Jiménez. Agregó que los jueces deben poner el interés general de la sociedad por encima de las simples cuestiones procesales.
Radhamés Jiménez ofreció estas declaraciones durante la inauguración de la oficina de Medio Libre, dependencia del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.
Seguridad
Aunque hemos tenido casos de robos de piezas en puentes importantes, esos daños no atentan contra la seguridad o estabilidad”.
Chatarra
La exportación de chatarra es un problema social, político y de salud con el cual han surgido todo tipo de negocios lícitos e ilícitos”.
