En el trimestre que va de octubre pasado hasta enero de este año la Guardia Costera de Puerto Rico interceptó un total de 11 yolas y otros tipos de embarcaciones en su lucha contra los indocumentados dominicanos que cruzan el Canal de la Mona con el propósito de llegar a territorio estadounidense, una más que en todo el año fiscal anterior.Ricardo Castrodad, vocero de la Guardia Costera en Puerto Rico, explicó que desde 2006, cuando se implementó el concepto de Prueba Biométrica en el Canal de La Mona, las autoridades de Puerto Rico han procesado bajo cargo criminal a alrededor de 450 indocumentados por entrada ilegal y por reingreso a su territorio después de una deportación formal. Más de 60 de ellos fueron tramitados a los tribunales entre octubre de 2010 y septiembre de 2011.
Castrodad manifestó que el “Concepto de Prueba Biométrica” se implementa desde noviembre de 2006, “debido al alto tráfico de inmigración ilegal que proviene de la República Dominicana y a la alta peligrosidad que representan las aguas del Canal de la Mona”.
A partir del citado año los vigilantes de la frontera marítima toman huellas dactilares y una fotografía digital del rostro de los indocumentados interceptados. “Se crea un archivo con los datos biográficos adicionales de la persona y se transmite el archivo por transmisión satelital a los Estados Unidos, donde se registra y se compara la información con la base de datos de U.S. VISIT”, dice.
El funcionario dijo que durante al año fiscal 2011, que se extiende desde el primero de octubre del 2010 hasta el 30 de septiembre del 2011, la Guardia Costera en la vecina isla interceptó en alta mar a 207 dominicanos. Aclaró que en dicha cifra “no se contabilizan las personas detenidas en tierra”.
Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Territorial, arrestó a 642 personas el año pasado, según su vocero, Jeffrey Quiñones.
Mientras Castrodad informó que desde el pasado octubre hasta enero, se interceptaron 11 embarcaciones y se detuvo a 180 personas.
La Guardia Costera pondera el apoyo de la Marina de Guerra Dominicana en la lucha contra los yoleros. Incluso, valora la presencia de un oficial local a bordo de sus escampavías que patrullan el Canal de la Mona.
El vocero de la Marina, capitán de navío José David Corcino Polanco, justificó la presencia del oficial en esa patrulla bajo el alegato de que “como ningún buque de Estados Unidos puede entrar a nuestras aguas territoriales les ponemos un oficial a bordo para facilitar las operaciones en casos de emergencias”.
El número de viajeros interceptados por la Guardia Costera de Estados Unidos, correspondiente al año fiscal 2006 fue de 7,111 personas de distintas nacionalidades; en 2007 bajó a 4,055; en 2008 a 1,860 y en 2009 a 1,293.
En 2010 la cifra fue de 531 personas; y en 2011 se interceptaron 989. Mientras que desde octubre pasado a enero los interceptados fueron 562 personas.
Los indocumentados sin historial criminal o de inmigración ilegal son repatriados, pero sus datos se quedan registrados. “Esto permite que las autoridades federales identifiquen al viajero con prácticamente un 100% de certeza en el caso de que vuelva a intentar ingresar ilegalmente al país”, apunta Castrodad.
No se detienen
Las tragedias, como el naufragio ocurrido el pasado fin de semana en la costa norte, del que se han recuperado casi 50 cadáveres, no frenan a los yoleros.
“Los viajes ilegales siguen a pesar de las tragedias en el mar porque la necesidad o el deseo de emigrar es mayor que el miedo a perecer, y porque hay organizadores de viajes que buscan activamente clientes para las travesías”, dice Rosario Espinal.
La analista de la realidad social dominicana asegura que la función de los organizadores de viajes ilegales “es convencer a los futuros clientes de que el viaje es posible, de que el sueño puede hacerse realidad, de que otros hicieron el viaje exitosamente”.
Durante 2011 la Marina de Guerra Dominicana apresó un total de 89 organizadores de viajes ilegales y capitanes de embarcación a los que sometió ante los tribunales por violación a la Ley 137-03, que castiga el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.
Sin embargo, al finalizar el año, el pasado diciembre, sólo 51 (25 organizadores y 26 capitanes) tenían medidas de coerción y 34 (casi el 67%) se encontraban en libertad bajo fianza o con visitas periódicas, según la Marina de Guerra.
Durante 2011 la Marina ocupó 199 embarcaciones relacionadas con viajes ilegales, incluyendo un velero, un bote y una lancha, y detuvo un total de 1,236 personas, de las que 143 eran extranjeros.
Entre los extranjeros figuran 111 cubanos, 18 haitianos, cinco hindúes y dos venezolanos. También apresó un guatemalteco, un puertorriqueño, un brasileño, un estadounidense y un ecuatoriano.
“Un segmento significativo de la sociedad dominicana tiene como objetivo y deseo explícito de emigrar, así lo revelan las encuestas donde se pregunta al respecto. Para muchos, las opciones laborales son precarias, sobre todo, por los bajos salarios que predominan en la economía dominicana”, indica Rosario.
Jesuitas lamentan tragedia y piden justicia
El Centro Bonó, una organización de la Iglesia católica dirigida por los jesuitas, lamentó la tragedia ocurrida con el último naufragio y reclamó a las autoridades que procedan a procesar a los culpables de organizar los viajes ilegales. “El Estado dominicano es uno de esos responsables.
Primero, por permitir que las mafias locales jueguen con las necesidades de dominicanos y dominicanas humildes, ofreciéndoles un viaje muy peligroso a cambio del pago de altas sumas de dinero”.
La entidad asegura que “el Estado tampoco ha cumplido con las responsabilidades de prevención y vigilancia de las costas, sus organismos de inteligencia, funcionarios de seguridad y justicia se hacen de la vista gorda frente a estas mafias traficantes de seres humanos, que organizan viajes ilegales arriesgando la vida de personas que se lanzan al mar en búsqueda de una vida digna a la que no pueden acceder en la República Dominicana”.
