El Grupo Barceló, propietario una cadena de hoteles en Bávaro, Punta Cana, fue condenada a cinco años de prisión tras ser hallado culpable de robo agravado, hecho por el que sus ejecutivos piden seguridad jurídica al presidente de la República y de la Suprema Corte de Justicia.
La condena, dada a conocer este miércoles, fue emitida el 23 noviembre de 2011 por un tribunal colegiado de primera instancia de la provincia La Altagracia, encabezado por un juez interino, señala una nota enviada a este diario.
En un documento público, el Grupo Barceló indica que la decisión judicial tiene su origen en una litis de carácter civil y comercial relacionada con un embargo ejecutado por una empresa del complejo, en uno locales alquilados cuyo contrato se había vencido y el inquilino además no pagaba.
“Este embargo, que dio lugar a una querella por robo a partir de la cual se dictaron “medidas de coerción consistentes en prisión provisional e impedimentos de salida, y concluyó posteriormente con una sentencia por supuesto robo agravado”, explica el documento.
El fallo fue dictado en la misma fecha en que el embajador del Reino Unido, Steven Fisher, se hizo eco de la queja de inversionistas extranjeros por la falta de seguridad jurídica.
La sentencia fue apelada en la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís cuyos jueces son Marcelina Hernández Japa (Presidente), José Glass Gutiérrez, Zamira Madrigal Santana, Virginia González Brea, Ramon Báez Rodríguez. El fallo del tribunal colegiado estuvo a cargo del juez presidente interino Vicente Marte Jiménez, quien sustituyó al presidente titular para esa audiencia, y los magistrados Arístides Dalmiro Heredia Sena y Cindy Rosario Santana.
Explica que ante de esa sentencia, Hotelera Bávaro y los presuntos imputados habían denunciado ante el pasado presidente de la Suprema Corte de Justicia y el actual Procurador General de la República, las irregularidades de la investigación y del proceso de la instrucción, así como de las múltiples actuaciones de que ha sido víctima a título de presión para su adversaria obtener una transacción onerosa”
“Lamentamos hacer esta publicación a título recordatorio de las reiteradas peticiones en ese sentido hecho por nuestra empresa, pero nos sentimos totalmente desamparados ante tanta injusticia, por la ausencia evidente de seguridad jurídica, aunque sabemos que no es generalizada, sino focalizada en concretos estamentos”, expresa el documento.
La decisión del tribunal fue apelada por el consejo de abogados de Barceló y será conocida por un tribunal de apelación de San Pedro de Macorís, pero el consorcio turístico entiende que por la forma como se ha venido manejando la justicia en el caso, sus ejecutivos no tienen ninguna seguridad de que el recurso será manejado con imparcialidad.
“De manera que quisiéramos reiterar nuestra solicitud de una supervisión estricta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, tomando las palabras de su honorable presidente pronunciadas el día 7 de enero del 2012, con motivo del día del Poder Judicial”, expresa la comunicación.
La nota recuerda que el grupo español ha invertido en los últimos años en la renovación y reconstrucción de sus hoteles 250 millones de dólares.
