Leonel Fernández y Miguel Vargas se entienden muy bien. El acuerdo para solventar la crisis en la Junta Central Electoral lo confirma.El primer acuerdo formal entre ambos dirigentes se denominó el “pacto de las corbatas azules”, donde Fernández consiguió la aprobación de varios puntos consignados en su proyecto de reforma a la Constitución.
Este arreglo se produjo el 14 de mayo de 2009 y permitió que Vargas, que sólo era vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), instruyera a los legisladores perredeístas a votar en favor de siete artículos de las reformas propuestas por el gobernante. Fernández, en cambio, se comprometió a eliminar la reelección consecutiva, que estaba consignada en el artículo 104 del proyecto de modificación constitucional, y otros seis puntos.
Este acuerdo invalidó a Leonel para optar por un tercer mandato consecutivo, aunque en una alocución nacional, el 8 de abril del pasado año, cuando oficializó su declinatoria a esas pretensiones, dijo que desde el punto de vista legal nada le impedía materializar lo que hasta ese momento se manejó entre especulaciones y en boca de instigadores.
El artículo 124 aprobado en la Constitución establece que “el Poder Ejecutivo se ejerce por el o la Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo y no podrá ser electo para el período constitucional siguiente”. Fernández decía que había dos formas de modificar el artículo 124: a través de un Referendo Consultivo o mediante un Referendo Revocatorio.
Cuando se produjo este acuerdo, Vargas era aspirante presidencial del PRD y veía el liderazgo de Leonel como una piedra en el zapato para lograr sus aspiraciones. Esto justificaba su interés de dejar sin efecto lo establecido en el artículo 104, que planteaba: “el Presidente de la República será elegido cada cuatro años por voto directo. Podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo, así como luego de un intervalo de un mandato presidencial diferente”.
Vargas logró su cometido, pero rehabilitó a su principal rival en el PRD, Hipólito Mejía, a quien el nunca jamás establecido en el artículo 49 de la vieja Constitución lo había imposibilitado para competir por el solio presidencial.
El segundo acuerdo se produjo el 30 de mayo del 2011, para resolver la situación creada en el Congreso con la aprobación de las leyes orgánicas del Consejo Nacional de la Magistratura y del Tribunal Constitucional.
Esta crisis tuvo su origen en que no se establecieron las observaciones del Presidente a las leyes orgánicas de estas entidades con las dos terceras partes de los votos presentes en ambas cámaras. Finalmente, todo quedó resuelto.
Altas cortes y Parlacén, fruto del ‘diálogo’ político
Miguel y Leonel también lograron afinidad con la selección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. Pues, en las tres instancias, durante el proceso de selección, el presidente del PRD logró insertar a reconocidas figuras que dentro del partido blanco forman parte de la tendencia que lidera.
Aunque no hubo un documento de por medio que recogiera la firma de ambos dirigentes políticos, igual que como sucedió con las altas cortes, Miguel y Leonel lograron ponerse de acuerdo para complacer al primero en la solicitud de que los perredeístas miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen) en vez de cuatro fueran nueve.
