ASevero Romero Maldonado dos delincuentes lo amordazaron, le ataron los pies y las manos y, después, lo asfixiaron en su lugar de trabajo. El “guachimán” no tuvo chance de salvar su vida, a pesar de que tenía un arma que le servía para defenderse, como tampoco pudo hacer nada para cumplir con su misión de cuidar los bienes de un laboratorio médico en El Almirante, Santo Domingo Este.Severo, oficial retirado de la Fuerza Aérea Dominicana, forma parte de los 93 vigilantes privados que murieron en el ejercicio de su labor en los últimos tres años en el país. Una mirada a las estadísticas que, de 2009 a 2011, registra la Policía indica que va en aumento la cantidad de guardianes privados que muere en esas circunstancias. En octubre pasado, dos años después del hecho, los que mataron a Severo y cargaron con RD$ 1,894,000 del laboratorio, fueron condenados con la pena máxima y al pago de dos millones de pesos de indemnización.
La sentencia fue celebrada por vigilantes privados, quienes afirman que la mayoría de los asesinatos de sus compañeros quedan impunes. De los casos que van a la Justicia, dijeron, muchos perimen en el camino porque las víctimas provienen de familias pobres que no tienen los recursos para costear los procesos judiciales.
“Cuando algo ocurre, los jefes primero preguntan por el arma, si se la robaron o si le pasó algo, por nuestro estado nadie se preocupa”, expresa un guardián de 40 años, que hace dos años custodia una imprenta.
Los vigilantes consultados por elCaribe para este reportaje se muestran tímidos para hablar de las dificultades que enfrentan para ejercer su labor y prefieren no revelar sus nombres por temor a represalias por parte de la empresa que los contrata.
Entre los asesinatos recientes figura el que aconteció el pasado 15 de septiembre en el sector Colorado, Santiago de los Caballeros. La víctima fue Jaime Antonio Correa, de 45 años, a quien dos individuos lo sorprendieron, a bordo de un motor Honda 70. A Correa lo tirotearon con su propia arma de reglamento mientras estaba de puesto en una oficina de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte.
El presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad Privada Incorporada (Adesinc), Bismarck Tavárez, indica que los guardianes privados son entrenados para prevenir la agresión e identificar sospechosos, porque lo ideal es que no tengan que usar su arma para defenderse.
“Parte de lo que se le enseña a los guardianes es la seguridad sensitiva, que dice que no debes defenderte con una fuerza superior a la que has sido agredido. Si alguien me ataca con un palo yo no puedo sacar un arma sino responder en igual proporción”, apunta.
Lejos de lo que se pudiera pensar de que a las empresas de custodios les conviene que la delincuencia se incremente para que la gente solicite sus servicios, Tavárez dice que ellos prefieren un ambiente armonioso. “Una alta demanda que sea inducida por el aumento de la delincuencia nos perjudica más porque pone en riesgo la vida de los guardianes, la seguridad de nuestras armas, la seguridad de las familias de nuestros guardianes”, puntualiza.
Crece demanda
El auge de la delincuencia que se percibió este año incidió en un aumento de un 10% de la demanda de los servicios de seguridad privada, explica Tavárez.
“Sí, hemos visto una mayor demanda de nuestros servicios que pudo haber sido mayor, pero hay que saber que no todo el mundo tiene la posibilidad de contratar seguridad privada”, opinó.
Asegura que en la época de Navidad los robos y asaltos suelen aumentar en un 20%. La situación ha obligado a los empresarios del sector a tomar medidas, lo que les supuso una mayor inversión. Tavárez señala que reforzaron la capacitación, reentrenaron a los guardianes y aumentaron la supervisión en los puestos durante diciembre.
Expuso que una modalidad que tiene gran demanda en los residenciales -porque resulta más económico- es el servicio de patrullaje para seguridad colectiva, que consiste en un equipo motorizado que recorre las calles del residencial.
El servicio de patrullaje puede costar 150 pesos la hora, mientras que el costo por hora de un guardián individual es de 60 pesos.
Penurias
“Guachimanes” se quejan del maltrato que reciben de sus empleadores. Aseguran que no les pagan horas extras y los días feriados se trabajan igual que los comunes, sin ningún incentivo.
Manuel, que tiene siete años en el oficio, asegura que ha pasado hasta siete meses sin librar un día por negligencia de la empresa a la que pertenece y tampoco ha recibido recompensa. “Uno sigue aquí por necesidad. Yo tengo cinco hijos que mantener. La cosa está muy dura, no hay trabajo”, afirma.
Muchos realizan su labor en condiciones difíciles. Por ejemplo, el vigilante de un banco comercial se pasa todo el día de pie y el que está asignado a un estacionamiento en algunos casos no cuenta con garita para cubrirse del sol.
Un segmento importante de los “guachimanes” son personas mayores, a pesar de que la Ley sobre Seguridad Privada, aprobada por el decreto 1128-03, fija como límite los 65 años para ejercer ese trabajo debido a los riesgos que implica para una persona de esa edad.
En total hay unas 250 compañías que reúnen a unos 30 mil vigilantes privados y otras 30 que no están en operación. En junio de este año se creó la Superintendencia de Seguridad Privada, con la misión de regular y fiscalizar los servicios en materia de vigilancia. Esa entidad funciona bajo la supervisión del Ministerio de las Fuerzas Armadas.
Vigilantes reciben formación especial
Para ingresar a una empresa de seguridad, el aspirante debe capacitarse en una escuela acreditada por la Superintendencia de Seguridad Privada, en la que se le enseña el uso de armas largas y cortas, disciplina y cortesía, custodia de residencias, empresas, bancos y colegios.
El presidente de Adesinc, Bismark Tavárez, destaca que los vigilantes privados representan un apoyo importante para la prevención de robos. “Somos un complemento de la Policía, porque con nuestra acción preventiva frenamos más de un 30% de la delincuencia”, sostuvo.
Entre los requisitos para ser guardián están ser dominicano, con edad entre 25 y 45 años, preferiblemente que tenga aprobado un octavo curso, aprobar una serie de exámenes médicos y psiquiátricos.
También, tener aprobado al menos el octavo grado, pero muchos contratados no han terminado la educación primaria.
