El gobierno dominicano ha retenido o anulado las actas de nacimiento de 1.584 personas por su ascendencia haitiana, dejándolos sin nacionalidad, afirmó el martes la organización Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM).
Sonia Adames, directora del SJRM, explicó en conferencia de prensa que la falta de acta de nacimiento convierte a los afectados en apátridas y les impide realizar cualquier trámite, como inscribirse en una escuela, abrir una cuenta bancaria o conseguir un empleo. Además de que los pone en peligro de deportación.
Adames insistió que los afectados tenían acta de nacimiento legal e incluso cédula de identidad dominicana, que se obtiene a los 18 años de edad, pero desde 2007 la Junta Central Electoral (JCE) comenzó a retener y a anular los documentos con base en una nueva disposición legal.
Según un estudio realizado por el SJRM durante los últimos meses, el 72% de los afectados tiene edades de entre 15 y 30 años, por lo que la falta de documentos de identidad les impide estudiar o tener un empleo formal.
El 48% tiene hijos y no los ha podido registrar debido a que, al carecer de acta de nacimiento dominicana, el gobierno les exige que los registren como extranjeros y en el consulado haitiano.
Adames aseguró que el 70% de los casos estudiados por el SJRM nació en República Dominicana entre 1976 y 2000, cuando la constitución establecía que todos los nacidos en el país eran dominicanos, con excepción de los hijos de extranjeros en tránsito y de diplomáticos.
La JCE, que se encarga del registro civil, comenzó a negar en 2007 las copias de las actas de nacimiento y cédulas de identidad a cientos de personas de ascendencia haitiana, al considerar que fueron declaradas como dominicanas mediante fraudes.
El presidente de la JCE, Roberto Rosario, ha insistido de forma reiterada que la medida pretende eliminar todas las declaraciones de nacimiento fraudulentas y hacer más transparente y confiable el padrón electoral.
Ante las constantes denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos, Rosario indicó el mes pasado que ordenó una investigación y de una muestra de 120 casos analizados, sólo ocho correspondían a declaraciones fraudulentas, 23 debían ser registrados como hijos de extranjeros, 49 no tenían problemas y a las restantes 40 les faltaba documentación.
Diversas organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aún lo tiene en estudio.
