Fotomontaje de periódico venezolano impulsa debate

CARACAS (AP) — Para sus críticos, el diario venezolano 6to. Poder no es más que un establecimiento para el periodismo amarillista.El irreverente semanario publicó hace poco un fotomontaje en primera plana de los rostros de varios políticos sobre cue

CARACAS (AP) — Para sus críticos, el diario venezolano 6to. Poder no es más que un establecimiento para el periodismo amarillista.
El irreverente semanario publicó hace poco un fotomontaje en primera plana de los rostros de varios políticos sobre cuerpos en diminutos trajes de baño y preguntó a los lectores cuáles de ellos eran los más sensuales.

Otro fotomontaje, poco antes de que el presidente Hugo Chávez anunciase que tenía cáncer, lo mostraba con una bata de hospital como si fuera a someterse a una cirugía estética.

Sin embargo, cuando una jueza ordenó al periódico suspender su venta la semana pasada después de dar a conocer otro fotomontaje que enfureció particularmente a los aliados de Chávez, el diario se convirtió en un foco de tensión en un renovado debate sobre la libertad de prensa.

«Con una velocidad insólita, simplemente porque esa fue la orden, se prohibió la circulación del semanario por la pura voluntad del gobierno», escribió en un editorial el editor del diario de oposición Tal Cual, Teodoro Petkoff, quien afirmó que eso establece un precedente inquietante, comparándolo con decisiones previas como la salida del aire de 32 estaciones de radio y de la televisora RCTV, opuesta al gobierno.

El periódico se metió en problemas el domingo pasado, justo cuando su última edición llegaba a los kioskos de venta. Un fotomontaje titulado «Las mujeres de Chávez en el poder» representaba a seis funcionarias prominentes, entre ellas la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y la presidenta del órgano electoral, como bailarinas de cabaret con faldas reveladoras y tacones altos.

El texto a continuación describía una escena imaginaria en «el Cabaret de la Revolución», diciendo que las mujeres bailaban al estilo del can-can para «atraer el público a La Revolución» bolivariana liderada por Chávez. Un artículo que la acompaña fomentaba la visión de que altos funcionarios a la cabeza de instituciones públicas se han convertido en subordinados del gobernante.

La reacción gubernamental no se hizo esperar.

El mismo día que el periódico salió, la presidenta del máximo tribunal, Luisa Estella Morales, denunció la publicación, catalogándola como una ofensa para las mujeres y un ataque a las instituciones públicas. Otros funcionarios exigieron una acción legal.

Una jueza ordenó al periódico suspender temporalmente su publicación, algo que no se había visto antes en Venezuela. Su directora general, Dinora Girón, fue detenida en su casa. Fue puesta en libertad el martes después de ser acusada formalmente por presuntamente incurrir en los delitos de vilipendio contra funcionario público, ofensas por razones de género e instigación al odio contra altas funcionarias de los poderes públicos.

El editor y presidente del diario, Leocenis García, se ocultó, pero el miércoles publicó una carta abierta a Chávez en la que pide que se le permita al periódico volver a circular y dice que, si se cumple esa condición, «estoy dispuesto a entregarme en 48 horas».

La Sociedad Interamericana de Prensa catalogó los cargos contra 6to. Poder como una violación de la libertad de expresión. Ese organismo con sede en Miami a menudo ha chocado con el gobierno de Chávez y lo ha acusado de usar leyes más estrictas de difusión e investigaciones penales para intimidar a algunas voces críticas en los medios de comunicación.

El país tiene muchos diarios que son abiertamente críticos de Chávez, y los aliados del presidente ha defendido las medidas contra el semanario, argumentando que este periódico en particular viola flagrantemente la ética periodística en todo momento.

Se citan, entre otras cosas, la decisión del rotativo a principios de este año de difundir una foto en primera plana del contralor general Clodosbaldo Russian en una cama de hospital después de sufrir un derrame cerebral. Russian parecía inconsciente y murió poco después. Los funcionarios criticaron al periódico por considerar esa acción como una violación de la privacidad.

La legisladora oficialista Desiree Santos Amaral defendió la orden del tribunal, al afirmar que no era una cuestión de libertad de expresión y que el fotomontaje es un ejemplo de varias acciones irresponsables del semanario.

«De ninguna manera alguien puede considerarlo como humor», dijo la legisladora en una entrevista publicada el jueves en el diario gubernamental Correo del Orinoco. Ellos «quieren desprestigiar a las autoridades haciendo creer al pueblo que el país es un prostíbulo regentado por el presidente Chávez».

En un debate en la Asamblea Nacional el lunes, Santos Amaral tildó a García de delincuente y lo acusó haber mostrado un comportamiento poco ético en varias ocasiones.

«No es periodista», dijo Santos, e hizo notar que García tiene varias causas judiciales civiles pendientes en su contra por difamación y calumnia.

García, quien de acuerdo con sus empleados es el accionista mayoritario del periódico, escribía una columna de opinión en la que ha denunciado irregularidades en la empresa petrolera estatal.

Fue encarcelado anteriormente por más de dos años por presuntos delitos de posesión ilegal de un arma y daños a la propiedad, lo cual incluyó una computadora y una mesa durante un alboroto en la oficina de un periódico. Fue liberado en el 2010, y poco después fundó 6to. Poder.

Gabriela Ramírez, a cargo de la Defensoría del Pueblo, fue una de las funcionarias presentadas en el montaje y dijo que «a nosotros no nos dio risa». Agregó en la televisión estatal que una de las razones por las cuales ella y otros funcionarios pidieron una investigación fue porque «tenemos que proteger a las instituciones».

El abogado defensor, Pedro Aranguren, dijo que planea apelar la orden de la jueza que cerró el periódico.

Varios periodistas se presentaron a trabajar como de costumbre en su pequeña sala de redacción en Caracas esta semana y dijeron que esperan que la orden del tribunal sea revocada. Indicaron que el semanario tiene unos 20 empleados de tiempo completo.

Lourdes Acosta, una editora de texto en el periódico, dijo estar sorprendida por el escándalo y sospecha que el fotomontaje fue utilizado como excusa para reprimir a otros artículos que el semanario ha publicado.

El periodista Jesús Linares, quien encabeza un equipo de investigación, dijo que no sabía quién hizo la foto alterada, pero acotó que García ha asumido la responsabilidad de su publicación.

«Si en algún momento se sintieron ofendidas por el fotomontaje, bueno, pedimos disculpas porque nunca fue la intención», dijo Linares. «Jamás pensamos que todo esto iba a ocurrir».

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