El pasado 30 de diciembre, elCaribe reveló cómo la autopista 6 de Noviembre ha sido convertida en un vertedero, especialmente en la zona más cercana a la ciudad de San Cristóbal. La denuncia tuvo una respuesta inmediata del Ministerio de Obras Públicas, que el mismo día, el 30 de diciembre, envió una brigada que retiró parte de los desperdicios.
Fue una intervención inmediata y coyuntural que, sin embargo, no resolvió un problema que viene desde mediados del año pasado, cuando se hizo crítico, y que no sólo afectaba a esa importante vía, sino a toda el área urbana del municipio.
Ahora, ante el agravamiento de la situación, el Comité de Emergencia de Residuos Sólidos bajo el liderazgo del Ministerio de Medio Ambiente ha debido declarar esa localidad en estado de emergencia, por el amontonamiento de basura que incluso llega al cauce del río Nigua, ya muy contaminado, no sólo por los desperdicios que tira la gente y los “recolectores particulares”, sino también por los vertidos de algunas empresas.
El desastre ambiental impacta la salud de los vecinos, tanto que ya el Comité observó cambios en los indicadores sanitarios, como un incremento de enfermedades tropicales endémicas.
Aunque el alcalde Raúl Mondesí ha pretendido atribuir el desastre a la falta de recursos y al accionar de competidores políticos, lo que supone una “conspiración”, la realidad es que el desborde es mayúsculo y no tiene excusa válida.
Ese es el problema de la basura, pero San Cristóbal sufre graves deterioros. Se ha vuelto una ciudad insegura. La muerte de cuatro personas, y finalmente su victimario, la semana pasada, es el reflejo de la descomposición que impera allí.
La intervención del municipio debe ir más allá. Requiere una acción coordinada del Estado. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, anunció la expansión del 9-1-1 hacia esa cercana población. Sería importante. Podría ayudar a reducir la criminalidad. Iría en consonancia con el crecimiento de esa urbe y la provincia de Santo Domingo.
Pero en lo fundamental, San Cristóbal debe cambiar. Requiere el apoyo del Estado, pero sus munícipes deben revisar los paradigmas para determinar quiénes la gobernarán.