El Tribunal Superior Electoral (TSE) se declaró incompetente de conocer la acción de amparo contra la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que prohíbe a los aspirantes a cargos electivos realizar actividades proselitistas de cara a las elecciones del 2020.
La decisión fue adoptada con dos votos disidentes presentados por el presidente de la Alta Corte, Román Jáquez Liranzo, y el juez titular Ramón Arístides Madera.
La Alta Corte sustentó su sentencia en los artículos 214 de la Constitución y la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, ya que el acto invocado como lesivo a los derechos del accionante Hipólito Polanco, proviene de un órgano administrativo, cuyo control jurisdiccional compete al Tribunal Superior Administrativo.
La motivación de los votos disidentes de los magistrados será presentada dentro de cinco días laborables, de acuerdo a los reglamentos en asuntos de amparo.
El recurso sometido por el aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Hipólito Polanco Pérez, señala que la resolución de la JCE es violatoria de los derechos fundamentales, arbitraría, inconstitucional, porque riñe con los artículos 6, 22.1, 47, 48, 49, 69.10 y 74.2, de la Constitución de la República; relativo a la supremacía de la Constitución, derechos de ciudadanía, libertad de asociación, libertad de reunión, libertad de expresión, tutela judicial efectiva, debido proceso, y principios de reglamentación e interpretación.
El pasado 20 de junio la JCE, a través de la resolución 12-2018, ordenó suspender todas las actividades proselitistas, que incluyan marchas, caravanas, propagandas, uso de altoparlantes y movilización de personas en la vía pública.
La medida fue rechazada por los aspirantes del PLD, Leonel Fernández, y Reinaldo Pared Pérez.
Resolución también fue atacada en el TSA
La misma resolución de la JCE fue atacada a través del Tribunal Superior Administrativo el pasado 4 de julio por el abogado Ulises Díaz Almonte. En la instancia de amparo, el accionante pide al tribunal que ordene la suspensión de la resolución hasta tanto surja una ley de régimen electoral que regule todas las acciones, con fines electorales de los partidos en el país.
