Quito, Ecuador. La Contraloría de Ecuador remitió ayer a la Fiscalía un informe en el que apunta una “responsabilidad penal” del expresidente Rafael Correa y varios exfuncionarios por irregularidades en la gestión de la deuda pública.
Este es uno de los temas al que el actual Gobierno achaca la difícil situación económica del país, y ante el informe, la decisión de abrir una investigación al exmandatario corresponde a la Fiscalía, que deberá establecer si los indicios de responsabilidad hallados por la Contraloría son procedentes.
En un segundo informe sobre la deuda ecuatoriana, que en este caso incluye la colocación de Certificados de Tesorería (CETE), el contralor Pablo Celi dice haber descubierto indicios de responsabilidad penal en su manejo.
Los CETES son obligaciones internas con las que la Hacienda ecuatoriana suele buscar liquidez a corto plazo, en este caso frente al Banco Central ecuatoriano, al que pidió dinero para afrontar otros compromisos de deuda interna.
