¿Estarán los diputados tratando de justificar su propio aumento salarial? Es lo que parece indicar el informe ambivalente de la comisión especial de la Cámara de Diputados encargada de investigar a la Cámara de Cuentas. Ante el aumento desproporcionado e ilegal de sueldo que se aplicaron los miembros de esa institución en enero de este año, la comisión de diputados concluyó que se trató de una medida legal y que solo hubo una violación de carácter ético. Entienden los diputados que el ente encargado del control externo está facultado, como órgano constitucional, para establecer la escala salarial que estime conveniente para sus funcionarios.
Los actuales miembros de la Cámara de Cuentas aprovecharon una decisión de la gestión anterior sobre política salarial (resolución ADM-2012-009) para indexar sus salarios en más de un 20%. Incrementos salariales de entre 65 mil y 73 mil pesos en una institución pública, se tornan inmorales en una sociedad donde siguen siendo alarmantes los niveles de desempleo, los empleos precarios y los salarios deprimidos. Además, esta institución toma decisiones en provecho propio, lo que es éticamente condenable. Esto erosiona la credibilidad y confianza en el órgano llamado a controlar y fiscalizar a las demás instituciones del Estado.
Sin embargo, no se trata solo de una violación ética. Es clara la violación a la Constitución y las leyes por parte de la Cámara de Cuentas. La Constitución, en su artículo 40, indica que ninguna institución pública establecerá disposiciones tendentes a incrementar la remuneración de sus directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La Cámara de Cuentas viola además la Ley No. 105-13, sobre Regulación Salarial del Estado, que en su artículo 12 dispone que el presidente de la Cámara de Cuentas no podrá devengar un salario mayor de 350 mil pesos mensuales.
El mal precedente creado por el informe complaciente de la comisión de la Cámara de Diputados tiene implicaciones peligrosas para la institucionalidad del país. En primer lugar, se está dando luz verde a las violaciones de las leyes y la Constitución, bajo el alegato de que un órgano constitucional tiene autonomía en este y otros temas. En segundo lugar, el Congreso renuncia a su facultad de interpelar a los funcionarios cuando lo entienda necesario, pues para ello se requerirá de investigaciones previas que no conducen a nada. Por último, se legitiman de esta manera los aumentos salariales en las instituciones públicas, en desconocimiento del marco legal existente en el país y de los principios éticos que deben regir en la administración del Estado.
