La sociedad dominicana reaccionó, de manera unánime o mayoritariamente alarmada, tras el asesinato de la joven Anneris Peña a manos de un delincuente que no se sintió conforme con robar en la joyería donde laboraba la mujer, sino que prefirió quitarle la vida para evitar que ella lo identificara.

Ese temor a ser identificado ante las autoridades obedeció a que no era la primera vez que el delincuente visitaba la joyería, pues lo había hecho en ocasiones anteriores cuando acudía a vender prendas que no hay que ser adivino para saber que eran robadas.

Y es aquí donde entra la complicidad colectiva con el delito. Esta sociedad, quizá sin proponérselo, se ha ido enredando en la indiferencia frente a hechos que todos sabemos forman parte del rosario delictivo en que una parte de ella viene incurriendo.

El hecho de que el delincuente en cuestión acudiera frecuentemente a la joyería se debió a que ese negocio le compraba las prendas, lo que, al final, se traducía en un incentivo para que siguiera robando, confiado en que tenía un mercado asegurado.

Es exactamente lo que ocurre con compraventas, distribuidores de piezas y partes para vehículos de motor y negocios dedicados a la fundición de materiales sólidos.

Las compraventas adquieren o “empeñan” equipos del hogar que les son llevados por personas que a leguas se sabe no son sus propietarios, lo que convierte a esos negocios en cómplices de una actividad delictiva creciente en nuestro país.

A los administradores de esos negocios no se les ocurre exigir la presentación de una factura que pruebe la adquisición lícita del artículo presentado. Y no lo hacen porque ven en esa operación una oportunidad de obtener ganancia más o menos fácil, aun conscientes de que incentivan el delito.

Lo mismo sucede con distribuidores de partes de vehículos, un mercado establecido en base al robo y al desvalijamiento de autos cuyos propietarios los han adquirido con enormes sacrificios.

Estoy seguro de que un mercado a las claras formado y mantenido por la actividad delictiva sólo es permitido por las autoridades en un país donde la irresponsabilidad es parte de la cotidianidad.

¿Y qué decir de las fundidoras de metales? Es otro renglón que se nutre en gran parte del delito. Sus abastecedores son delincuentes que roban tapas de imbornales en calles y avenidas, barandillas de puentes, verjas en lugares públicos y propiedades privadas, cables de telefónicas y otras empresas, en fin, ladrones más o menos conocidos.

¿Se ha levantado la sociedad para exigir a las autoridades hacer frente a esta delincuencia organizada? No lo ha hecho. Entonces todos, de alguna manera, somos cómplices de la muerte de Anneris Peña

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