Cuando se analiza la economía y sus perspectivas a mediano y largo plazos, se hace énfasis por lo general en la necesidad de reducir al máximo posible las actividades informales y mejorar la oferta de empleo formal. La visión aparece en casi todos los planteamientos de la clase empresarial dominicana y es loable su preocupación, porque la informalidad en el campo de la economía frena la capacidad de captación de recursos fiscales y amenaza la estabilidad del sistema de la seguridad social que, dicho de pasada, de seguridad no tiene mucho.
El problema radica en que algunas reglas del intercambio que se dan en la economía a nivel nacional, no ayudan a alcanzar la meta de formalizar la economía. La más simple y brutal de todas se refiere a los plazos que las grandes compañías se dan unilateralmente para saldar las facturas de sus suplidores. Esa innegable realidad pone en situación muy frágil a cientos de miles de productores y pequeñas empresas, que terminan incluso con problemas para encarar sus obligaciones tributarias. Muy simple: si se les paga a 120 y 150 días, caerán necesariamente en conflicto con Impuestos Internos. Por esa y muchas otras razones menores, infinidad de individuos y pequeñas empresas prefieren la tranquilidad que les brinda escudarse en la informalidad.
Se da también el caso de que aun cuando el ITBIS es una daga en el cuello de los agentes formales, también le sirve de financiamiento a muchas empresas que actúan como agentes de retención. Por tal razón, si queremos realmente transparentar la actividad económica y combatir la informalidad, bastaría con una “ley de pronto pago”. El caso es que aquí es fácil meterse con el gobierno, los partidos y los miembros del Congreso, e incluso con la iglesia. Pero esa tecla nadie la toca.
