Desde la oposición critican las prácticas corruptas de los funcionarios; desde el oficialismo se tornan indiferentes ante los reclamos del cese de la impunidad. No importa si están fuera o no del Estado o cuál sea su ideología política, son capaces de actuar en connivencia cuando de aprovecharse del erario se trata.
Sobran los ejemplos en los gobiernos municipales, el Congreso y el gobierno central. Claro, guardan las formas aprobando leyes de transparencia que se quedan en el papel. A eso se ha limitado el rol de los partidos políticos frente a la corrupción y la impunidad que ha imperado durante décadas en el país.

Eso explica que la dirigencia de los partidos recurra al silencio como respuestas cuando algunos de sus miembros son acusados de corrupción. En sociedades democráticas es normal que cuando a un dirigente político se le implica en un caso de corrupción, se le pida su renuncia o se le separe de sus funciones hasta tanto la justicia dé un veredicto final. Esto supone un ejercicio de coherencia, sobre todo en aquellas organizaciones que reclaman con firmeza que termine la impunidad. No se puede demandar transparencia en la gestión pública amparando a personas que están involucradas en caso de corrupción.

El país ha sido testigo de la acusación del Ministerio Público a varios dirigentes del PLD y el PRM por haber recibido sobornos por parte de Odebrecht. Por otro lado, los Estados Unidos congelaron los bienes del senador de San Juan de la Maguana, al tiempo que cancelaron su visa y la de sus familiares, por sus vínculos con actos de corrupción. Ninguno de los órganos de dirección de estos partidos ha actuado para separar de sus funciones a los dirigentes imputados en estos hechos. Más bien, se percibe que están buscando formas de protegerlos.

La solicitud de Francisco Domínguez Brito de que el Comité Político del PLD aparte de sus cargos al Secretario de Finanzas y al de Organización, por sus vínculos con la corrupción, se inscribe en la dirección correcta. Eso es lo menos que puede hacer la dirección del PLD si se quiere diferenciar del comportamiento ilícito de dos de sus miembros. Los directivos del PRM acusados por Odebrecht cesaron en sus funciones, pero esta organización debe mantener una actitud crítica frente a ellos, si quiere evidenciar que su compromiso con la lucha anticorrupción va más allá del discurso. Los partidos políticos deben incorporar en sus agendas el debate sobre los retos que supone llevar a cabo un ejercicio de la política basado en principios éticos. Para ello, hay que comenzar predicando con el ejemplo.

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