En pocas horas concluye el plazo para que el Ministerio Público presente la acusación formal sobre el caso Odebrecht. La atención de la sociedad está centrada en si se presentará o no un expediente técnicamente bien sustentado, que permita dar curso a un juicio de fondo. Si se tiene en cuenta los antecedentes en materia de persecución y sanción de la corrupción en el país y el documento de solicitud de medida de coerción presentado por la Procuraduría sobre este caso, es entendible que las expectativas ciudadanas sean bajas ante la posibilidad real de que esta vez se castigue la corrupción.
No obstante, esta es una gran oportunidad para que la justicia dominicana envíe un mensaje claro de que no se va a tolerar que el Estado siga capturado por políticos corruptos y por intereses privados que se han aprovechado históricamente de la debilidad institucional del sector público. Desaprovecharla sería una apuesta al caos y al incremento de la desconfianza en las instituciones políticas. Esto sería muy perjudicial para la estabilidad del sistema político. Los representantes de la justicia deben pensárselo bien; por grande que sea el poder que tengan, un político o empresario corrupto no valen una democracia.
El Ministerio Público y el Poder Judicial, instituciones caracterizadas por su falta de autonomía frente a la política partidaria, están en el deber de colocarse por encima de esta limitación y afrontar este escándalo de corrupción teniendo en cuenta la Constitución y las leyes, no la lealtad a un político. Si bien se debe permitir que la justicia actúe, la sociedad no puede permanecer indiferente frente al proceso que se lleva a cabo en torno al caso Odebrecht. La ciudadanía y sus organizaciones deben demandar que la Procuraduría investigue y presente acusaciones sobre las distintas modalidades de estafa al Estado llevadas a cabo por la empresa brasileña, tanto en lo relativo al pago de sobornos como a las sobrevaluaciones de las obras construidas.
De los jueces se debe exigir que actúen con independencia y que no cedan a la presión de sectores que siempre se han sentido cómodos bajo el imperio de la impunidad. Llegó la hora de la verdad; de demostrar que las instituciones dominicanas cuentan con la madurez necesaria para establecer responsabilidades en este grave caso de corrupción, sin importar de quien se trate. Es la hora de probar que los dominicanos no tolerarán más la falta de castigo hacia aquellos que están acostumbrados a desfalcar al Estado. El momento es ahora, es tiempo de que de una vez y por todas se haga justicia frente a un escándalo de corrupción de tales dimensiones.
