El Defensor del Pueblo presentó una cronología histórica, que abarca desde junio 2013 hasta marzo 2018, en la que revela que recibió más de cuatro mil casos de violación a derechos fundamentales.

La defensora del pueblo, Zoila Martínez, dijo que la institución recibió un total de 4,164 casos de salvaguarda de derechos fundamentales durante sus cinco años de funcionamiento. Los casos más recurrentes son relativos seguridad social (pensiones), función pública, servicio público de agua potable y alcantarillado.

Martínez explicó que también se ofreció orientación a la ciudadanía sobre hechos delictivos y el funcionamiento del sistema de justicia en materia procesal penal.

Además, dio respuesta a asuntos municipales como planeamiento urbano, espacios públicos, juntas de vecinos, asuntos inmobiliarios, que incluye procesos en base a la ley 108-05, desalojos, entrega de certificados de títulos y reconocimiento de adquisición de bienes inmuebles al Estado dominicano.

La documentación arrojó que en todos los ciclos anuales, el Defensor del Pueblo registró más casos de hombres que de mujeres.

Logros

En el informe se detalla que las demarcaciones que más acudieron al organismo a presentar reclamaciones son el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Cristóbal y Santiago.

“En estos cinco años, hemos logrado el respeto de la sociedad y de las demás autoridades a pulso, ya que el Defensor del Pueblo es un ente de conciliación y su actuación es la neutralidad, así lo indica la Ley 19-01”, precisó Zoila Martínez.

La defensora del pueblo destacó la reubicación de los desalojados de la Calle Dr. Delgado hacia Jardines del Gautier en Boca Chica. “El Defensor del Pueblo luchó a través del Instituto Nacional de la Vivienda, para lograr la ubicación de los desalojados de la calle Doctor Delgado del sector Gascue, en la capital, quienes finalmente fueron reubicados en el proyecto Jardines del Gautier, en San Andrés, Boca Chica.

A la actividad, en el salón presidencial del hotel Radisson, asistieron Yocasta Guzmán, directora de Compras y Contrataciones Públicas; Hugo Álvarez, presidente de la Cámara de Cuentas, y miembros del Defensor del Pueblo, entre otros.

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