En medio del ambiente de crispación política en que se ha estado discutiendo la reforma para el fortalecimiento de los partidos y de la democracia electoral, esta semana se abrió una brecha para la construcción de consensos en torno al proyecto de Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. Tanto en la comunicación enviada al Congreso Nacional por el presidente Danilo Medina, como en el mensaje de la Conferencia del Episcopado, se insiste en que no se puede desaprovechar la oportunidad para que de una vez y por todas sea aprobada esta importante legislación. Esto supone, se señala en ambos mensajes, colocar el interés colectivo por encima de los particulares.
La solicitud hecha por el presidente de abrir un espacio de diálogo sobre la Ley de Partidos llega en un momento oportuno. Sin acuerdo entre las distintas fuerzas políticas la aprobación de este proyecto de ley está condenada al fracaso. Por esta razón, la Cámara de Diputados, en coordinación con el Senado, debe acoger la propuesta presidencial de conformar una comisión bicameral que busque una salida a las dificultades que han impendido que el país cuente con una legislación que regule la vida interna de los partidos. Como es sabido, el principal escollo para la aprobación de esta ley lo constituye el método de selección de candidaturas a cargos de elección popular. Existen diversas alternativas sobre este aspecto que podrían conducir al consenso y para ello solo se requiere de la voluntad de diálogo de los líderes políticos.
Entre estas alternativas se encuentra la de aprobar el método de las primarias abiertas y simultáneas, posponiendo su aplicación para después de las elecciones del 2020. Otras propuestas tienen que ver con reducir el número de partidos obligados a realizar este tipo de primarias, a aquellos que obtuvieron un 5% o más de los votos en las pasadas elecciones. También se podría considerar que las candidaturas sometidas a este proceso de selección mediante primarias abiertas, sean solo aquellas de representación uninominal por mayoría, como las de la Presidencia, el Senado y las Alcaldías.
De abrirse este diálogo, como es el deseo de amplios sectores del país, se debe aprovechar la oportunidad para corregir las debilidades del proyecto aprobado en el Senado e introducir otros elementos que permitan contar con una Ley de Partidos que contribuya de manera efectiva a mejorar la calidad del sistema político dominicano. Un aspecto que deber ser mejorado es el de la fiscalización y transparencia del financiamiento político. El diálogo debe servir además para generar un amplio consenso sobre el proyecto de Ley del Régimen Electoral que ya comenzó a conocerse en el Senado.
