El ministro de Relaciones Exteriores y el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) rechazaron la sugerencia de anular la Ley Especial de Naturalización 169/14 como pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Julio César Castaños Guzmán, presidente de la JCE, advirtió que el país es soberano para decidir lo que considere más conveniente en materia migratoria. “La República Dominicana es un país independiente y soberano y los asuntos de la nacionalidad es de la absoluta incumbencia nuestra y nadie tiene derecho a estarse metiendo en esos temas y tampoco me parece a mí que hay apátridas en el país, eso es mentira”, subrayó. Dijo que la acusación de apatridia contra el país se ha regado como una “mala idea en el mundo entero” y lo acusan de cosas que no ha hecho.
El canciller Miguel Vargas resaltó que esa ley fue consensuada por la comunidad política y social al momento de su aprobación y que se corresponde con el proceso migratorio que está realizando la República Dominicana.
“Nosotros gestionamos los organismos competentes y en un proceso de prácticamente un año, logramos salir del capítulo IV, de manera que nosotros como país somos apegados también al respeto de los derechos humanos, pero entendemos que como país soberano, debemos preservar nuestro derecho nacional”, subrayó el canciller.
Agregó que ante esta situación no es necesario que el país se salga de organismos internacionales como este, por la razón de que recientemente esta nación fue sacada del capítulo IV, mejor conocido como la “lista negra”, tras la CIDH reconocer las medidas implementadas por el Estado para dar solución a la grave situación en la que viven miles de personas (en su mayoría de origen haitiano) que no gozan efectivamente de su derecho a una nacionalidad y los efectos que esto tiene sobre sus derechos.
Codue dice pedido de la CIHD es parcializado
El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), Fidel Lorenzo Merán, expresó que el pedido de la CIDH al país en el sentido de dejar sin efecto las disposiciones de la ley 169-14, es parcializado y contrario al interés jurídico y soberano de la nación. Dijo que el gobierno haitiano debe documentar a sus nacionales para evitar apatridia.
